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Con 297 votos a favor, se aprobó en lo general el dictamen de Ley General de Cultura Física y Deporte en la Cámara de Diputados que, principalmente, deja sin recursos federales ni poder de decisión a la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme).
El organismo que preside hasta ahora el teniente coronel Alonso Pérez, era el encargado, entre otras cosas, de repartir el dinero a las federaciones nacionales, además de tomar parte en algunas decisiones relacionadas al deporte nacional, por lo que los diputados y senadores consideraron que existía duplicidad de funciones con la Conade.
Tras ser aprobada la semana pasada por la Cámara de Senadores, la nueva ley fue aceptada ayer por los diputados y ahora irá al ejecutivo para ser promulgada.
No obstante, al parecer no todos los partidos aceptan la ley pues el martes pasado, diputados del PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, aseguraron que no estaban de acuerdo con aprobarla sin escuchar a todas las partes.
La Ley General de Cultura Física y Deporte, permitirá promover y estimular en todos los niveles y grados de educación y enseñanza del país la cultura física y que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y recupere la capacidad de diseñar, coordinar, evaluar y dar seguimiento permanente a las políticas públicas en la materia.
De forma paralela, este nuevo marco normativo establece mecanismos institucionales para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos destinados al deporte y la eliminación de prácticas caducas o autoritarias dentro de las asociaciones deportivas nacionales.
Se establecen mecanismos para la correcta fiscalización de los recursos públicos así como para garantizar un mejor aprovechamiento de los mismos a través de una política de evaluación de resultados.
A través de un Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (COVED), se vigilará que los procesos electorales para conformar los órganos de gobierno de las asociaciones deportivas nacionales y organismos afines, se realicen con apego a las disposiciones estatutarias vigentes y en apego a los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad.