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Matrimonio universal /Gerardo Herrera Pérez

03/08/2014 13:47 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

imagePor Gerardo Herrera Pérez

Primero, expresaré que la palabra gay es un concepto novel, que se ha utilizado como eufemismo para evitar nombrar el término homosexual que es un concepto construido en el siglo XIX.

A nivel internacional observamos un debate mediático sobre el matrimonio para todos y todas (aunque también se le ha llamado universal, o igualitario); desde luego en este mundo globalizado, este debate también incluye a México y por ende al estado de Michoacán.

El matrimonio para todos, como se ha denominado en los Estados Unidos, y que así lo denominaré en esta nota periodística, atañe a un segmento de población muy preciso; sólo hasta el ocho por ciento de la población tiene una preferencia sexual diferente a la heterosexual (datos de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México), de estos, sólo la tercera parte tiene pareja fija (según encuesta de los Estados Unidos, Castañeda 2010) y sólo la mitad de ellos tienen interés de casarse y menos aún cumplen con los requisitos para hacerlo.

Si queremos precisar la posición de Michoacán en cuanto a la población no heterosexual, diremos que la población homosexual, lésbica, bisexual, intersexual, transexual y transgénero que vive en Michoacán, asciende a 350 mil (trescientas cincuenta mil personas), que representan hasta el ocho por ciento de la población total que es de 4.3 millones de personas, según datos del censo del Inegi realizado en el 2010 y de estos, el 80 por ciento son mayores de edad, o sea 270 mil personas.

Con esta fórmula señalada en el caso de Michoacán tendríamos los siguientes datos duros: un tercio de 270 mil personas con preferencias sexuales diferentes a la heterosexual en Michoacán, son 90 mil personas, y de estos, 45 mil personas tendrían interés en casarse, pero muchos de ellos no podrían hacerlos por diversas causas, entre ellas la edad, el estado de salud, o bien su estado civil (casados, o bien separados pero no divorciados), y claro las cuestiones sociales, políticas y económicas, también las jurídicas.

Por ello, resulta que estamos hablando, acaso de alguna cifra significativa de personas con preferencias no heterosexuales que quieren y pueden casarse, de ahí nuevamente la pregunta por qué tanto interés de la sociedad por este acto jurídico no contemplado en la legislación de varias entidades de la República, entre ellos Michoacán, pero que hoy a la luz de la sentencia definitiva de amparo en contra del Código Familiar que viola los derechos humanos, surgen nuevas preguntas.

Tal y como se vive en los Estados Unidos, existen dos visiones sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, por un lado una visión progresista y respetuosa de las libertades individuales y de la cual muchas personas en lo cotidiano lo aceptan, y otra conservadora y religiosa, que milita activamente contra todo lo que pudiera contravenir las enseñanzas de La Biblia, como los temas tabú: el aborto, el divorcio, el sexo fuera del matrimonio, y desde luego la homosexualidad.

Este debate del tema y hoy conflicto social, no es nuevo, cuando menos hablamos del mismo en la historia moderna de la humanidad del siglo XX, en los momentos de la "liberación sexual", los años 50.

Recordemos que antes se daba un rechazo a la homosexualidad por la ley, la medicina, la psicología, la moral sexual, y que la Iglesia desde la Edad Media castigaba la sodomía y nunca permitiría esta unión entre personas del mismo sexo; no obstante el neoliberalismo, la globalización y el mercado que es el que manda realmente en la sociedad y en las decisiones de la clase política en donde definitivamente ha influido la fuerza económica, cultural y electoral que representa la comunidad homosexual que en distintos países han adquirido la fortaleza que no puede ser ignorada ni por empresarios ni por la clase política, como en los países occidentales.

Nos dice Castañeda Marina: "La liberación gay habrá dado voz a los homosexuales, pero su presencia económica y social les dio fuerza".

Pero veamos cuáles son los temas que se derivan o transversalizan del concepto "matrimonio universal" que tanto interesa a unos y otros en el debate: la libertad individual; el papel del Estado en la vida privada; la separación del Estado y la Iglesia; la composición de la familia (padre, madre e hijos o bien familia monoparental, homoparental, semiextensa); la perspectiva de género; los derechos de las minorías sexuales y los disidentes sexuales; la ley de participación ciudadana y las iniciativas populares, entre otros.

En Michoacán, desde 2006, se han realizado acciones ante el gobierno del estado de Michoacán entregándose un documento donde se solicitaban políticas públicas para atender esta problemática, entre ellas las modificaciones a nuestros marcos jurídicos; en el 2007 y 2010, se solicitó al Congreso del Estado la ley de sociedades de convivencia y las modificaciones al Código Familiar para el matrimonio universal, pese a ello, fueron congeladas las propuestas presentadas por Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán.

No obstante, en este año, 2014, las ciudadanas Alejandra Banderas Rosales y Claudia Brizeiry López Ramos, con el apoyo del doctor Gumesindo García Morelos, y socialmente de Grupo de Facto, solicitaron la protección de la justicia federal contra leyes inconstitucionales que violan los derechos humanos de las personas.

Derivado de la demanda, el Poder Judicial de la Federación confirmó, en sentencia, el amparo de la justicia federal para las quejosas, quienes se han convertido en el primer matrimonio universal en Michoacán.

En la sentencia dictada por la jueza del Noveno Distrito Judicial con sede en Morelia, confirma la inconstitucionalidad de los artículos 123 y 125 del Código Familiar en Michoacán, toda vez que violenta la Constitución Federal, así como los tratados internacionales.

En la sentencia se expresa que las parejas heterosexuales cuentan con la institución jurídica del matrimonio, el cual constituye una garantía al derecho establecido en el artículo 4° constitucional (protección a las familias); sin embargo, dicha situación se contrapone a la de las parejas homosexuales al no contar con tal garantía, lo que se traduce en una desigualdad que no se encuentra razonablemente justificada por el legislador, ante situaciones análogas que deben gozar de la misma protección jurídica, definiéndose como una figura sospechosa.

Adicionalmente, los artículos 123 y 125 del Código Familiar reclamados contienen una discriminación prohibida por el artículo 1° constitucional y por múltiples tratados internacionales, ya que el único criterio utilizado para proteger una posible, futura o presente relación es el de preferencia sexual, criterio que no persigue ninguna finalidad constitucional admisible y que afecta a las parejas homosexuales del estado de Michoacán; pero adicionalmente es discriminatoria la exclusión que realizó el legislador a los homosexuales de la figura del matrimonio, en el caso también se incumple el mandato previsto en el artículo 4° constitucional, en el sentido de proteger a todos los tipos de familia, incluyendo la homoparental (así como las familias: nuclear, extensa o consanguínea, y monoparental).

En dicho documento jurídico se precisa que la relación jurídica matrimonial ha dejado de vincularse al fin de la procreación, "sosteniéndose, primordialmente, en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos de quienes desean tener una vida en común", así que, la reproducción no puede ser un requisito para acceder al matrimonio, incluso entre personas heterosexuales.

Adicionalmente a la confirmación del matrimonio de la pareja de Claudia y Alejandra, hoy tienen acceso a procedimientos de adopción, incluso al derecho a la reproducción asistida, siendo esta sentencia, la primera en su caso a nivel nacional de otorgar no sólo el matrimonio sino de manera general otros derechos; así, Michoacán nuevamente se erige como ejemplo jurídico en México.

Si bien se ganó la primera batalla, el Congreso del Estado, así como el gobierno de Michoacán puede impugnar la sentencia; existen los términos constitucionales para que la autoridad tome la decisión e impugne, ¿qué sigue?


Sobre esta noticia

Autor:
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Fuente:
grupocronicasrevista.org
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Tipo:
Reportaje
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