Guerra sin cuartel, a muerte, fue llamada la batalla contra el crimen organizado en México; en particular, guerra contra los cárteles de la droga. Por su extensión, guerra frontal, general y desde todos los flancos habidos y por haber; sin intermediación, bajo ninguna concesión o tregua. Guerra justa, por sus motivos, por sus metas y objetivos, aunque no declarada con arreglo a los protocolos establecidos y universalmente conocidos.

A dos años de haber estallado, no hay vencedor ni vencido, si por esto entendemos el predominio de uno de los beligerantes o la derrota del oponente. El gobierno de la República se declara ganador en la contienda, a juzgar por el número de caídos en el lado enemigo; los cárteles, a su vez, se declaran indemnes en su estructura y a salvo de la acción punitiva del Estado.

Hay, no obstante, un perdedor en todo esto. El gran derrotado es el pueblo, la población, la sociedad en su conjunto. Millones y millones de mexicanos somos el real escudo tras el cual se ensaña el fuego cruzado de militares y cuerpos policiales contra los malandros en todo el territorio nacional. Sobre los hombros de las clases más desprotegidos del país se hacen gravar los efectos de la contienda; sobre los pobres del país. Sobre los brazos cansados y los ánimos famélicos de obreros, empleados y asalariados en general se cargan los gastos onerosos de la batalla campal, sin que haya resultados positivos en lo material y en el más etéreo de los ámbitos, el de la seguridad pública, eufemísticamente dicha, la seguridad ciudadana.

Al socaire de esta guerra que, desde el punto de vista oficial, quiere los fines, pero no asume y no quiere jurídicamente (objetivamente) los medios, proliferan los mercaderes de la seguridad, los beneficiarios del fracaso de la inteligencia policial y los predicadores de la integridad de las personas y de sus bienes y propiedades. Como aquellos epígonos de la confrontación, tras el fragor del combate, o con motivo del alto al fuego de que habla Víctor Hugo en "Los Miserables", aparecen aquí y allá ofreciendo el remedio para todos los males, con embustes y artimañas, logrando sacar castañas del fuego que amenaza con devorarlo todo: Vidas, bienes y conciencias.

Sucesos trágicos como el del poblado mormón, en Chihuahua, ponen en estado alerta en esta eclosión de maleantes, políticos vivales, ineficaces y mentirosos, así como de vividores de las migajas de la batalla real que deja muertos y heridos, con secuelas mentales y espirituales. La instauración de "policías comunitarias" no hace, sino poner el dedo en la llaga. ¿Estamos regresando a los tiempos de la defensa a mano propia, a los tiempos aparentemente superados de la época posrevolucionaria cuando los cuerpos policiales improvisados, rurales, habilitados, hacían lo que estaba a su alcance para tutelar el honor, los haberes y la vida de la población? ¿Ha llegado el Estado mexicano al colmo de la ineficiencia y la ineficacia política y jurídica, y está a punto de poner en manos de particulares la custodia de la seguridad ciudadana? ¿Es el preámbulo del estado de naturaleza de Rousseau?.

¿Estamos a punto de ver, con la derrota del Estado mexicano a manos de los cárteles, la derrota de la economía social y el fracaso de la seguridad social pública a fin de enajenarla impunemente en manos de la CIA, de los extranjeros y de los mercaderes de la vida y la dignidad de los mexicanos?.

Con qué razón, ahora, los capos y dueños de la riqueza proveniente del narcotráfico, los empresarios del crimen organizado, de los aprendices de la política, quieren hablar al tú por tú con el gobierno de la República. Con qué razón los empresarios de la seguridad ciudadana intimidan y alucinan a los políticos en ciernes, novatos en el arte de gobernar, con señuelos inspirados allende nuestras fronteras. Está claro: Éstos, embozados, son los aliados de los capitanes de la criminalidad organizada en la guerra contra los cárteles, cuya victoria, como siempre, está en manos de una población por ahora, sólo por ahora, indefensa e inerme.