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Por Sergio Alberto Nájera Villegas

Hablar de Michoacán es hablar de un tema delicado en donde resulta difícil distinguir al gobierno y las autoridades de la delincuencia organizada, volviendo así muy difícil hablar de la existencia plena y cabal de un Estado de Derecho, es verdad que se tienen instituciones de gobierno pero también es verdad que éstas son prácticamente "invisibles" o "nulas" y han quedado mucho a deber a los ciudadanos que legítimamente piden cuentas de la acción gubernamental.

En un principio se tuvieron sospechas y denuncias al por mayor de que el proceso electoral anterior (2011) para elegir gobernantes era manipulado y corrompido a mas no poder por el crimen organizado, imposición de candidatos, coacción del voto, financiamiento de las campañas electorales con dinero mal habido, secuestros, extorsiones, etc., eran una realidad constante y representaban el pan nuestro de cada día para todos los habitantes del Estado.

Una vez que pasaron las elecciones a través de las cuales elegimos a nuestros gobernantes se comenzó con una sospecha, que no tardó mucho en hacerse realidad, de que éramos gobernados por unos "representantes" manipulados a su conveniencia por el crimen organizado o, más bien, teníamos un narco gobierno.

Uno a uno vimos cómo fueron cayendo funcionarios de distintos niveles a los pies de la delincuencia organizada, ya sea porque formaban parte de la propia delincuencia o porque había vínculos, directos e indirectos, que influían el actuar de nuestras autoridades. El gobierno trabajaba en encontrar el beneficio de unos cuantos a costa del decrecimiento en las condiciones de vida de la mayoría de sus gobernados, eso sí, tratando de legitimar lo que a simple vista eran acciones ilegales: vacíos de poder y legalidad, inacción de la autoridad, represión de la sociedad y contradicciones en las decisiones y el actuar de todos los organismos de gobierno.

Así vimos el arribo de personajes que en lugar de hacer un bien, vinieron a entorpecer todavía más el panorama de un, ya de por si muy maltrecho, "Estado de Derecho" en Michoacán, hicieron de él un laboratorio de experimentos que más tarde intentarían replicar en otros territorios, haciendo una perfecta simulación de democracia en donde el respeto a los derechos humanos de los habitantes no existió y éstos se vieron pisoteados, ignorados y ultrajados, escenario ante el cual es imposible hablar de democracia a pesar de todos los discursos oficiales que se empeñan en manejar este término ( término del cual, al parecer, las autoridades parecieran desconocer su pleno significado).

Las propias autoridades eran vistas (y actualmente lo son todavía) más que con confianza y seguridad, con incertidumbre ante la represión, corrupción e impunidad reinantes en ellas. Ver a algún elemento de cualquier corporación policiaca en lugar de producir una sensación de alivio y seguridad, provoca miedo y una incertidumbre acerca de la protección de nuestra propia integridad física; para tratar de combatir esta situación se optó por fusionar los cuerpos policiacos en la denominada Fuerza Ciudadana, situación que más bien acrecentó el temor entre los habitantes ya que actualmente no se sabe a ciencia cierta si con esto se intentó que los cuerpos policiacos aumentaran su capacidad de respuesta frente al crimen organizado o simplemente, esté último, tuvo la oportunidad de reestructurarse y optimizar su desarrollo.

La gestión del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán (Alfredo Castillo Cervantes) estuvo plagada de simulaciones jurídicas, sospechas de vínculos con el crimen organizado, violación a los derechos humanos y resultados irrisorios acompañados de frases que no hacen más que denotar el cinismo propio de aquel al que le importaba todo menos la seguridad del Estado (creo que es por muchos conocida aquella desafortunada frase de que en Michoacán la gente salía a cenar tacos a las 3 de la mañana). Su reciente partida corresponde más a intereses políticos que a la eficacia de sus resultados, dejando pendientes así aspectos que amenazan con volver y empeorar el futuro de un débil, muy débil Estado de Michoacán.

El primer gran pendiente lo sigue siendo la extinción del cartel de los caballeros templarios, desde que arribaron las fuerzas federales se abocaron a diezmar la capacidad financiera y operacional de dicho cartel, es cierto que se le dio 2 o 3 golpes que los debilitaron pero la pregunta es ¿a cambio de qué? ¿a cambio de fortalecer y fomentar a los grupos delictivos rivales hasta el grado de que actualmente le disputan a las autoridades el gobierno y dominio de ciertas regiones del Estado?

El segundo es lo que tuvieron a bien llamar "conflictividad social" y se niegan a llamar problemas de seguridad, parece que el denominado problema de conflictividad social se dio cuando se originaron fricciones, tensiones y altercados entre los diferentes líderes de los grupos locales de autodefensas, altercados de los cuales han resultado robos, secuestros, extorsiones y homicidios, pero no fueron suficientes para merecer otro título más que el de conflictividad social.

Otro pendiente lo constituye el que no se construyó una estrategia a largo plazo para verdaderamente acabar con el crimen organizado en la entidad ¿Por qué? Quizá no les conviene que desaparezca este sector de apoyo e intimidación (apoyo para algunos e intimidación para el pueblo), ahora que están cercanas las elecciones para renovar autoridades, tanto a nivel estatal como a nivel municipal; el combate al crimen organizado siempre fue (y no duda de que todavía sea así) en base a la reacción y no tanto en la prevención y planificación de estrategias adecuadas y de inteligencia que den golpes certeros para acabar con el crimen.

Un apartado más lo es el combate a la corrupción de los personajes que aparecen en la escena política, tenemos muy cerca las próximas elecciones del Estado y teniendo los antecedentes que se tienen (basta recordar casos como el de Jesús Reyna, el de Rodrigo Vallejo, diferentes presidentes municipales, etc.), constituyen argumentos vastos para desconfiar del grado de corrupción e infiltración del que son objeto las instituciones de gobierno y sus actores por parte del crimen organizado.

Otro pendiente y sin duda el más importante es la elaboración de planes para promover el desarrollo del Estado, es decir, planes que fomenten el empleo y el mejoramiento de la economía estatal y que reduzcan de manera real la pobreza en la que se encuentra sumida la gran mayoría de la población michoacana y la cual, muchas veces es fuente u origen de los fenómenos delictivos.

Ahora ya no tenemos al comisionado Castillo pero tenemos un nuevo nombramiento, el General Pedro Felipe Gurrola Ramírez como nuevo encargado de la Seguridad en Michoacán, y las tareas a las que se enfrentara lucen difíciles pues se necesitaría establecer con claridad y no de forma errática y superficial los objetivos que deberá cumplir a corto, mediano y largo plazo.

Así mismo las autoridades tendrán la tarea de normalizar a un Estado que hoy luce militarizado, tendrán que depurar y regularizar a las fuerzas rurales y sus mandos, los candidatos a la gubernatura en el estado, junto con el gobierno federal, deberán de restablecer la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos, estableciendo mecanismos de desarrollo social que traten de reducir la muy merecida desconfianza de la que ahora gozan, atacando la impunidad y la corrupción presente en el Estado actualmente, deberán establecer una agenda para reconstruir las capacidades institucionales a nivel local, privilegiar el desarrollo social, así como luchar contra la impunidad y la corrupción en la entidad.

A estas alturas no se sabe bien que tan acertada resulta la facultad del gobierno federal de intervenir directamente en los municipios donde exista evidencia de infiltración del crimen, ya que al parecer en lugar de lograr un desarrollo integral lo que logra es dejar un Estado fragmentado que en nada abona para alcanzar la tan mencionada seguridad y desarrollo integral de un Estado.