Hace dos años, en Hermosillo, Sonora, ocurrió una tragedia que no se olvida en México: el incendio de la Guardería ABC,   donde murieron calcinados 49 niños y 104 más quedaron gravemente heridos. Sus padres desgarrados por la impunidad, integraron el Movimiento "5 de junio" en memoria de sus pequeños hijos. No obstante, sus gritos de dolor, sus plantones en el Zócalo de la Ciudad de México, sus blogs y videos de información y sus redes de apoyo ciudadano, no han logrado que la justicia avance. Tampoco han logrado conmover a los mexicanos para generar una solidaridad masiva en la Plaza pública, mucho menos han logrado conmover a los medios de comunicación para hacer de esta tragedia un símbolo de dolor nacional.

La impunidad de los crímenes tiene bastante éxito en los países con gobiernos totalitarios, y la corrupción y la mentira obedecen a una ideología. ¿Pero en México? Parecería no ser tan diferente en algunos aspectos nuestro régimen. No sólo seguimos siendo un país subdesarrollado económicamente, sino que funcionamos por medio del terror, y el crimen se ha convertido en la forma "natural" de hacer política.   ¿Por qué no hay nadie en la cárcel por la muerte de 49 niños calcinados? ¿Quién puede meter a la cárcel a un ex gobernador y "exitoso" empresario? La dueña de la guardería, Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, sobrina de la esposa de Eduardo Bours, el ex gobernador del estado, y prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, fue absuelta por un tribunal federal.

Los demás funcionarios a quienes se les señaló responsabilidad fueron Juan Molinar Horcaditas, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social, a Daniel Karam, actual titular del organismo público por incumplir la normatividad sobre guarderías, y al ex gobernador Eduardo Bours Casteló por la adjudicación directa de la subrogación de la guardería. Sin embargo, ninguno está preocupado por pagar su responsabilidad. Se les citó para el juicio oral y nadie se presentó.

A Molinar Horcasitas y Karam, se les sentenció a cumplir con un mes de trabajo comunitario por cada niño afectado en la tragedia, lo que suma más de 12 años de trabajo, y a 20 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. ¿Usted cree lector que lo van a cumplir? En otros países el homicidio por negligencia se paga con cárcel. En México, ni siquiera se garantiza la justicia a las víctimas. Los victimarios siguen impunes, ejerciendo funciones públicas, haciendo vida social como la prima privilegiada de la esposa de Calderón. Sólo la burla y el cinismo es legado de su gestión.