Los organismos de la ONU para la infancia y los derechos humanos urgieron este miércoles a Guatemala a hacer reformas profundas en la atención a los niños, una semana después del incendio en un albergue que dejó 40 niñas muertas.

El presidente Jimmy Morales visitó este miércoles la Secretaría de Bienestar Social, responsable del hogar para menores y presentó a Cándida Rabanales como nueva secretaria de la institución, en sustitución de Carlos Rodas, destituido y arrestado el lunes bajo cargos de homicidio culposo y maltrato de menores.

También fueron detenidos la exsubsecretaria del ramo, Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres.

Durante su visita, Morales pidió "compromiso" a los funcionarios para proteger a los menores que por orden judicial deben ser protegidos por el Estado.

"Todo lo que sucede tiene una razón de ser. Que la tragedia sirva para podernos impulsar, para poder hacer realidad esa transformación que se necesita para que la niñez pueda tener una vida diferente", acotó Rabanales.

El miércoles pasado, un incendio supuestamente provocado por mujeres adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en protesta por abusos sexuales causó la muerte de 40 menores y dejó heridas a 18, la mitad de ellas trasladadas a hospitales especializados para quemaduras en Estados Unidos.

En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la agencia para la infancia Unicef instaron a Guatemala a adoptar acciones urgentes tras el incendio.

"El Estado debe implementar de manera urgente las reformas estructurales para pasar de un modelo tutelar y de seguridad a un sistema de protección y de derechos humanos de la niñez y de la adolescencia", señaló un informe de ambas oficinas.

La justicia envía a esos albergues a los menores de hasta 17 años víctimas de abandono y violencia doméstica, que cometieron algún delito o que fueron rescatados de las calles.

El centro, ubicado a 10 km de Ciudad de Guatemala, tenía capacidad para 400 menores pero alojaba a unos 800.

La tragedia en el albergue ha generado una ola de indignación y algunos lo señalan como un "crimen de Estado". El centro de la capital ha sido escenario de vigilias y airadas protestas, repetidas en otros países como Estados Unidos, El Salvador, España, Chile y Costa Rica.

La víspera, diputados opositores presentaron una demanda penal contra el presidente Morales por los delitos de ejecución extrajudicial, tortura, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad debido a la responsabilidad gubernamental en la administración del refugio.