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La justicia valenciana ha ordenado este martes el ingreso inmediato en prisión sin posibilidad de fianza de los primeros condenados a penas de cárcel en la llamada trama de corrupción 'Gürtel', que implica al Partido Popular (PP).
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anunciado en un comunicado haber "ordenado prisión provisional comunicada sin fianza para Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, los cabecillas de la trama Gürtel".
Los tres hombres fueron condenados el viernes por el amaño de contratos en la Comunidad Valenciana, en 2005 y 2009.
El Tribunal decide el "inmediato ingreso en prisión de estos tres condenados sin esperar a que la sentencia, que les impone penas de 12 y 13 años de cárcel por asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación, cohecho y falsedad, sea confirmada por el Supremo, tribunal ante el que puede ser recurrida", precisa el comunicado.
Los magistrados tomaron la decisión considerando que existe el riesgo de fuga de alguno de los condenados.
La condena del viernes es la primera de varias previstas para 2017 sobre los asuntos de corrupción que han afectado al Partido Popular del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el poder desde 2011.
De hecho, se produjo en paralelo al juicio de la parte principal de la investigación de la trama, un proceso que se abrió en Madrid en octubre.
En este primer caso en Valencia, los empresarios crearon una trama para conseguir de manera irregular contratos en esta comunidad autónoma, entonces un bastión de los conservadores, en ferias de turismo.
El empresario Correa, presunto cabecilla de la trama que fue próximo al expresidente José María Aznar (1996-2004), subcontrataba a terceros y aplicaba márgenes desproporcionados o facturaba falsos gastos.
Varios empresarios ya han confesado pagos al PP a cambio de contratos.
En el juicio principal en Madrid comparecen 37 personas, entre ellas dos antiguos tesoreros del PP, acusados de importantes malversaciones de fondos públicos al amañar contratos valorados en decenas de millones de euros a cambio de comisiones ilegales, entre 1999 y 2005.
