El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, en una comparecencia pública ante el Congreso de los Diputados, ha reconocido -lo que era algo más que una sospecha- el sobredimensionamiento de las Universidades públicas españolas, aportando datos de lo que se constata la mala gestión de estas Instituciones docentes públicas, en nuestro país. Álvarez de Miranda exponiendo el informe de fiscalización de los años 2008-2009, ha reconocido que la media de alumnos universitarios por profesor era muy baja, incluso disminuyendo en los últimos años, concluyendo en la existencia de un sobredimensionamiento de las plantillas de profesorado universitario en nuestro país. Pero además, han evidenciado un bajo rendimiento del profesorado universitario, ya que la media de los créditos impartidos por profesor en las universidades públicas españolas era inferior a los 24 créditos exigidos por la ley. Incluso expuso que algunas universidades iniciaron las actividades académicas de algunos cursos sin aprobar previamente los presupuestos de las mismas, apreciando un escaso rigor en el cumplimiento presupuestario, pues reconoce la existencia de desviaciones del presupuesto de gastos que oscila entre el 31 y el 35% de media respecto de lo inicialmente aprobado. Llegando a reconocer la existencia de supuestas ilegalidades en la práctica de jubilaciones anticipadas que pusieron en práctica 33 centros universitarios. Por consiguiente, el Tribunal de Cuentas, por boca de su presidente, no ha hecho sino poner "negro sobre blanco" la generalizada sospecha sobre la mala gestión económica de nuestra universidades públicas, que –como en el resto de las Instituciones Públicas- se han instalado costumbres inadecuadas en la gestión de las mismas, que han contribuido al incremento progresivo del gasto público de forma incontrolable e imparable. Porque, ¡ya me dirán Vds. de qué sirve el trabajo del Tribunal de Cuentas siete años después de la ocurrencia de los hechos que censura!. Aparenta ser un órgano que sirve más a la historia de la crónica económica pública del país, que un propio órgano de control del gasto, sobre el que no puede incidir –más allá de la crítica- por el considerable retraso que también lo hace inoperante e ineficaz. Aunque cabría hacer una pública reflexión sobre este habitual dispendio, esta forma poco rigurosa de administrar el dinero público, que incide negativamente en el servicio que presta la Institución universitaria pública en nuestro país, ya que a las tradicionales quejas de los equipos rectorales de la falta de dinero para llevar a cabo sus proyectos, no ha habido quien ponga en cuestión la forma habitual de funcionar de nuestra universidad, en que no pocos docentes se "creen el ombligo del mundo", y por tanto imprescindibles, funcionando por libre (en una extensiva e incorrecta interpretación de la "libertad de cátedra") gestando auténticas facciones de poder fáctico en el gobierno de las propias universidades que erige a algunos en auténticos "intocables", que no tienen que rendir cuentas ante nadie. Algunas de estas relajadas y abusivas costumbres han enraizado de forma impune e impúdica en una parte del estamento docente, especialmente redimido de parte de sus obligaciones como empleados públicos, exigiendo la constante expansión de las plantillas docentes de sus departamentos, desplazando la carga lectiva a los profesores ayudantes, e incluso asociados –en lo que representa un abuso laboral, y una potencial "estafa social", ya que un asociado percibe pocas retribuciones y no suele tener la preparación docente e investigadora que se requeriría para estar impartiendo programas completos de asignaturas de grado-, entre tanto sus jefes se dedican a la obra editorial, al "turismo congresual", y seminarios en los que también hacen "caja". Por consiguiente, en tanto no haya un control de la actividad docente universitaria –no referida a los contenidos, que están amparados por la libertad de cátedra, sino en el rendimiento docente- difícilmente se podrá hablar de una adecuada gestión de este servicio público. Ahora, no me digan que no resulta un escarnio encontrarse con ese relato de agravios del Tribunal de Cuentas sobre el estamento universitario público español, especialmente cuando no dejamos de asistir también a las limitación de plazas, a la implantación de "numerus clausus" –en razones de imposibilidad de atender a todos los demandantes del servicio educativo universitario-, cuando luego se pone de manifiesto que sobran profesores en nuestro sector público universitario, y que su rendimiento no llega al mínimo legalmente exigible. Dicho naturalmente, con la lógica y justa excepción de los docentes cumplidores, vocacionales y realmente profesionales, que de esta forma ven empañada su labor en un entorno de relajada disipación. ¡Toda una vergüenza!. Especialmente en un país que pretende la homologación en el ámbito académico y profesional de la UE.
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