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29/09/2017

Actuar como custodio de la Constitución, a sabiendas que lo esencial de su fundamento fue impuesto por la cúpula militar franquista a los representantes de la voluntad popular, es una conducta indefendible y opuesta a la integridad de los demócratas

De la Constitución como de Santa Bárbara -patrona de los dinamiteros-, nadie se acuerda hasta que truena, de ahí que ahora cuando la tormenta del "procés del 1- Oct”retumba al sur de los Pirineos  los más carpetovetónicos personajes de la esfera política española, decidan bajar de la estantería a toda prisa y sin desempolvar el volumen de la Carta Magna con la finalidad de utilizarla para ahuyentar lo que se avecina, y así  como siempre desde su aprobación, aplicar   el contenido de esa norma escrita para lo que les interesa y desecharla para lo que no.

 Un intento absurdo de encerrar una realidad que hace tiempo que ya no cabe es su texto, o lo que es lo mismo, una forma poco ortodoxa de imponer su aplicación y su vigencia a pesar de su trasnochada condición, y a sabiendas, que sus tantas veces invocado artículo segundo sobre la "indisoluble unidad de la nación española", para nada   fue fruto del consenso que si una imposición ejercida en 1977 a los constituyentes por la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) que ordenaron la traslación del contenido literal que establecía al efecto la "Ley de Principios del Movimiento Nacional" que regía en el régimen franquista.

Llegado a este extremo y sabiendo como ahora se sabe, que el artículo más determinante del fundamento de la   Constitución fue impuesto por la cúpula militar del anterior régimen a los representantes de la voluntad popular; ni que decir tiene que tal circunstancia hace que su refrendo por referéndum pierda toda carga de legitimidad y que aquel sonrojante episodio de intromisión ponga en tela de juicio el contenido de esta norma fundamental; toda vez que su articulación sobre una cuestión tan esencial como la determinación nacional del Estado está sustentado en maniobras antidemocráticas instigadas desde la cúpula militar del franquismo que por extensión convierten de facto su contenido en una extensión encubierto de la dictadura y de su órbita.

Con todo, lo verdaderamente anacrónico de este episodio no es que haya ocurrido, sino el tenaz empeño de los audaces constitucionalistas en olvidarlo, pues falta el primer político alineado en la trayectoria bipartidista que existiendo argumentos sobrados para proceder en consecuencia, hiciese el mínimo gesto por romper su silencio cómplice, y en un acto de valentía, negase autenticidad al texto constitucional de referencia, especialmente cuando es de sobras sabido que tal antidemocrático contenido es el factor causante de la tensa situación política que actualmente atraviesa el país.

Por desgracia y mal que pese, todo apunta a deducir que son muchos los figurantes de demócratas que rehúsan apagar la luz del régimen anterior, pues como queda probado no está en su voluntad tratar en pie de igualdad a los diferentes pueblos y naciones del estado, y mucho menos, otorgarles capacidad de decidir, pues para los oficialistas de la transición no hay mas España que la suya, la que traga con esa cuestionada Constitución en toda su extensión y naturaleza; que no es otra que la configurada por los timoneles y acólitos del régimen del 78, que utilizando los mimbres del franquismo uniformaron la unidad de la patria a su antojo e interés, de ahí que la consulta instada por el pueblo catalán sea considerada desde su percepción doctrinal como un acto de sedición y de traición al país.

"Contra lo que se nos quiere hacer creer, la Ley Fundamental, neo-franquista a la que redactada manu militari, llamaron Constitución, presenta de raíz un notorio déficits de legalidad"

Por tanto, contra lo que arbitrariamente se nos quiere hacer creer, lo cierto es que la Ley Fundamental, neo-franquista a la que redactada manu militari, llamaron Constitución, presenta de raíz un notorio déficits de legalidad; no pudiendo ser de otro modo por guardar su contenido relación directa con las leyes de la dictadura y al mismo tiempo, ser notoria la   intimidación ejercida por las “fuerzas vivas” del antiguo régimen sobre el proceso constituyente, motivo suficiente para cuestionar la legalidad de esta norma que realmente fue elaborada y aprobada bajo la presión de una amenaza permanente.

Pues bien, dando por probado la certeza de lo expuesto, y por tanto, la directa conexión de la Constitución con la legislación de un régimen nacido tras un levantamiento militar insurgente y sangriento, no debe ser difícil entender que cuando los miembros del franquismo se empeñaron en meter baza en la   redacción de su texto, para nada pensaban en la ciudadanía sino en lograr que su posterior aplicación les garantizase su futuro colectivo, sin agitaciones ni sobresaltos; y que manteniendo su status les otorgase además de plena cobertura inmunidad e impunidad¸ siendo por tanto que su legalidad resulte insostenible y cualquier narración distinta o su catalogación modélica tenga más encuadre con un cuento de hadas que con la realidad de los hechos.

Es por eso que para entender la deriva   de la “desconexión” independentista catalana hayamos de remitirnos a idéntico argumentario, pues la raíz del conflicto obedece a la tozuda actitud de los que por anteposición de su conveniencia impusieron esta Constitución y siguen mandando en ella, es decir, los mismos que tras la ilegalidad de su éxito de 78 mantiene su cerrazón   a modificar un ápice de su contexto.

Como así ponen de manifiesto los continuos mazazos jurídicos, que con inusitada celeridad, a instancia del oficialismo constitucional, dictan desde su singular independencia los   magistrados del Tribunales Constitucional, cuyo adverso efecto más que apaciguar el conflicto eleva el sentimiento nacionalista, y con ello   la tensión social y política; que en si misma y guste que no, será quien genere   un viraje en la situación para convertirse en el factor determinante de la ruptura definitiva con el franquismo y de apertura a una nueva realidad constitucional

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