Las reglas del juego electoral en permanente cambio

A una década de haberse aprobado el Código de la Democracia en nuestro país, surgieron nuevas propuestas para reformarlo y, por lo tanto, cambiar las reglas de juego del sistema político y electoral ecuatoriano. ¿Eran necesarias? ¿Dónde quedó la promesa del 2009 de adoptar una normativa que promueve un sistema de gobernabilidad democrática sólido? Algunos sectores justificaron las reformas apuntando a los beneficios que trajo, en aquel entonces, al partido de gobierno de turno. Otros argumentaron la necesidad de actualizar las leyes a las exigencias de nuestros tiempos. No obstante, al no ser la primera vez que los políticos prometen combinar componentes orientados hacia objetivos democráticos y de igualdad ciudadana; es necesario evaluar si las propuestas podrán verdaderamente mejorar las condiciones democráticas dentro del sistema político y electoral ecuatoriano.

El martes 03 de diciembre, la Asamblea Nacional (AN) reformó un total de 160 artículos del Código de la Democracia de las cuales repasamos las más importantes. Primero, un mayor control en torno al gasto electoral de los partidos y movimientos políticos locales, provinciales y nacionales; a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE) con apoyo del Servicio de Rentas Internas (SRI), Contraloría, Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Hay que resaltar que el Código de la Democracia ya establecía en su artículo 25, el control de gasto y propaganda dentro de las funciones del CNE. Sin embargo, tras los diversos casos de corrupción en los que estuvo involucrado el movimiento Alianza País, los asambleístas vieron necesario establecer medidas más rigurosas. A partir de ahora, las organizaciones políticas tendrán la obligación de bancarizar mensualmente todos los aportes y recursos que reciban para campañas electorales a través de un jefe de campaña que pertenezca a cada organización política.  Esto, con la finalidad de transparentar el proceso y evitar futuras coimas, sobornos o movimientos ilícitos.

Segundo, se dio paso al cambio en el método de asignación de escaños para los curules de asambleístas y concejales. Así, se sustituyó el método D’Hondt por el de Webster con la finalidad de evitar que los grandes partidos políticoscontinúen asegurándose escaños adicionales, sin medir las repercusiones negativas en términos de proporcionalidad y representatividad. Con este cambio se espera que  los partidos minoritarios puedan llegar a tener una mayor participación y representación política en el futuro. Además,  se estableció una votación por listas cerradas y bloqueadas, argumentando que la votación por persona en listas abiertas personalizaba la representación, distorsionaban la proporcionalidad y, por lo tanto, debilitaban a las organizaciones políticas. Con la votación a lista cerrada se espera que se promueva una mayor responsabilidad partidaria y de propuestas tanto para las organizaciones políticas como para la ciudadanía al momento de elegir, ya que el elector se centrará en programas y no en personas. Al introducir estos cambios también será necesario que los futuros representantes políticos sepan trabajar en equipo con base en  la tolerancia, aceptando a los oponentes políticos, sus diferencias y su legitimidad; y que promuevan consensos y bloques responsables al momento de proponer leyes o proyectos en beneficio de nuestro país.

Tercero, la Asamblea Nacional incluyó varias reformas que promueven la participación de las mujeres en la política. Si bien hay que aclarar que el tema de la paridad de género e igualdad de condiciones no es un aspecto nuevo en la normativa ecuatoriana, si se puede decir que estas no eran suficientes para lograrlo. El Código de la Democracia aprobado en el 2009 incluyó la obligatoriedad para los partidos de presentar listas integradas por candidatos alternados para las elecciones pluripersonales, es decir, para asambleístas, concejales, vocales de juntas parroquiales; sin embargo, este requisito no abarcó autoridades electas unipersonalmente. 

El tiempo demostrará si los cambios realizados fueron integrales y respondieron a criterios técnicos o si, al contrario y en esta ocasión, como en las anteriores, primaron los cálculos electorales

De acuerdo al estudio “Sobre la situación de la democracia paritaria en Ecuador” presentado por el CNE, el Instituto de la Democracia y ONU Mujeres; en las últimas elecciones seccionales, para ocupar las prefecturas hubo un 82% de candidatos hombres frente al 18% de mujeres; para alcaldías ellos representaron el 85, 8% de aspirantes y ellas un 14, 2%. En el ámbito gubernamental, solo el 22, 2% de ministerios es ocupado por una mujer. Si bien la paridad en la política fue el objetivo, fue difícil de alcanzarlo. Debido a esta situación, los asambleístas aprobaron una nueva normativa que buscará que las listas sean encabezadas de forma progresiva en un 50% por mujeres hasta 2025, este hecho sumado a las listas cerradas ayudaría a incrementar la posibilidad de acceder a escaños. Mientras que, los binomios presidenciales deberán estar compuestos por hombre-mujer o mujer-hombre en 2025. La finalidad: un país más paritario, equitativo y justo.

Por otro lado, la Asamblea Nacional también dio paso a las reformas en varios ejes como la justicia electoral, el fondo de promoción, el partidario, el escrutinio, el debate obligatorio, la participación de los jóvenes, etc. Así pues, al medio día del 3 de diciembre de 2019, al trasncurrir una década desde la implementación del Código de la Democracia en el Ecuador, se dio lugar a un cambio en las reglas de juego político. Si bien, se pudo observar que en realidad los intereses políticos de aquellos que gobernaban en ese entonces fueron plasmados en la Ley, no se puede descartar la idea de que estas nuevas modificaciones también respondan a los intereses de los partidos de turno. 

Es importante no dejar de lado y rescatar los avances en materia electoral y política que logró y logrará el Código de la Democracia en nuestro país, y destacar las propuestas de buena intención de reforma por parte de las diversas organizaciones de la sociedad civil. Si bien las mismas parecerían aportar a mejorar el sistema democrático del país, el tiempo demostrará si los cambios realizados fueron integrales y respondieron a criterios técnicos o si, al contrario y en esta ocasión, como en las anteriores, primaron los cálculos electorales. Por ahora, solo queda esperar y observar en qué medida las propuestas entran en vigor yqué aspectos aprobará el Presidente Moreno. El tiempo determinará si con estos cambios se logró una verdadera gobernabilidad democrática y de igualdad ciudadana o si, lamentablemente, se volverá a modificar las reglas de juego electoral.