El gobierno peruano informó el miércoles que pedirá la extradición del empresario Martín Belaunde, excolaborador del presidente Ollanta Humala, que se encuentra bajo detención preventiva en Bolivia, a donde llegó inicialmente en busca de un asilo político.

?El cuaderno de extradición que ha sido aprobado hoy por el Poder Ejecutivo, a través del Consejo de Ministros, será enviado por nuestras autoridades de Cancillería de Perú a Bolivia?, dijo la jefa del gabinete ministerial peruano, Ana Jara, a la emisora RPP. "Queda ahora bajo la competencia de las autoridades de Bolivia, ventilar la mencionada causa con arreglo a ley", aseguró.

Paralelamente, Perú también ha solicitado la expulsión de Belaunde, quien está en Bolivia desde diciembre. Ante ello, el canciller boliviano, David Choquehuanca, ha explicado a las autoridades limeñas que no puede procederse a la expulsión, pues está en marcha un proceso judicial, también a pedido de Perú, y recomendó optar por uno de los dos procedimientos.

La justicia de Bolivia resolvió el 20 de enero la detención preventiva de Belaunde con fines de extradición. Además, fijó un plazo hasta el 21 de marzo para que Lima cumpla con el trámite.

Para la ministra peruana, ambos pedidos no se contraponen. "Hemos pedido ambos: la expulsión en el caso de la Comisión Nacional del Refugiado no le conceda el refugio, y no se lo dio; y la extradición. Ambos pedidos los hemos tramitado (...) Un trámite no se opone al otro", consideró Jara.

El Consejo Nacional del Refugiado boliviano rechazó en dos oportunidades el pedido de refugio del empresario peruano. Belaunde está actualmente bajo arresto domiciliario.

La ministra peruana aseguró que el pedido de extradición llegará a Bolivia antes del 21 de marzo, cuando vence el plazo de detención preventiva del empresario. Las autoridades bolivianas han dicho que reforzarán la seguridad para evitar una posible fuga de Belaunde.

La justicia peruana acusa a Belaunde, exjefe de campaña de Humala en las elecciones de 2006 y 2011, de presionar a entidades del Estado de su país para favorecer con licitaciones públicas a empresas privadas con las que está vinculado.