Perú tendrá un alto comisionado contra la tala de madera ilegal para defender los derechos de los pueblos indígenas y el patrimonio forestal, 20 días después del asesinato de cuatro líderes indígenas asháninkas defensores de los recursos naturales, anunció el gobierno.

El anuncio lo hizo la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, a su retorno a Lima el sábado tras visitar la apartada comunidad de Alto Tamaya-Saweto, en la frontera amazónica con Brasil, donde ocurrió el crimen que conmovió a grupos ambientalistas a menos de 80 días de la conferencia mundial sobre cambio climático de Lima (COP20).

"El gobierno central siente que (el no contar con un alto comisionado) es una deuda con las comunidades nativas que no les permite tener estrategia de protección; por eso vienen bandas organizadas de madera que se aprovechan de la inocencia y de su pobreza", dijo Jara citada por la agencia estatal Andina tras atribuir tácitamente el asesinato a contrabandistas de madera.

La alta funcionaria anunció también una comisión gubernamental para evaluar las difíciles condiciones de vida de las poblaciones nativas y acelerar el proceso de titulación de sus tierras, un reclamo secular de los indígenas para acabar con la tala ilegal.

Jara visitó la comunidad de la etnia asháninka de Alto Tamaya-Saweto, donde el 1 de septiembre fueron asesinados el líder indígena Edwin Chota y otros tres dirigentes en un acto que recibió gran difusión en la prensa internacional por la larga lucha de estos nativos en defensa de sus bosques.

El gobierno también prometió establecer un puesto de control policial en la frontera con Brasil.

Paralelamente la Fiscalía informó que la policía detuvo el sábado en la zona del crimen a un peruanobrasileño sospechoso de la muerte de Chota.

El asesinato de los cuatro indígenas asháninkas destapó una ola de críticas contra las autoridades peruanas por la poca atención que brindó a sus reclamos de defensa de los bosques y de protección a sus vidas por amenazas de mafias de taladores.

Chota era una figura pública que se había convertido en referente para grupos ambientales y medios de prensa internacionales por su defensa de los bosques amazónicos.

En los últimos años mafias dedicadas a la tala ilegal en la Amazonia ingresan a zonas bajo dominio indígena a extraer madera y desarrollan sus actividades sobre amenazas a las comunidades, una situación que se agrava por la falta de titulación de las tierras.

La revista estadounidense Scientific Reports denunció en abril pasado que la política del gobierno peruano para proteger los bosques de la tala ilegal de madera desde hace 14 años ha provocado de manera indirecta un saqueo de recursos a gran escala.

Los científicos del Centro de Derecho Ambiental Internacional en Washington aseguran que la tala ilegal es una "plaga" en la cuenca del Amazonas, paraíso de la biodiversidad y de las especies de maderas preciosas como la caoba y el cedro.