Habitantes de la colonia Cahuraré, municipio de Chiapa de Corzo, demandaron el pago de daños por perjuicios y afectaciones ecológicas a una empresa dedicada a la explotación de bancos de cal. En un comunicado, los inconformes piden la reparación de 59 casas cuarteadas, la reubicación de la empresa Cales y Morteros del Grijalva S.A. de C.V. y el pago de los daños ambientales provocados al Parque Cañón del Sumidero por esa actividad realizada por dicha empresa desde hace muchos años. El Comité Pro-Mejoras de la Ribera Cahuaré, en el municipio de Chiapa de Corzo, agrega que cientos de habitantes de la rivera del río Grijalava, dieron a conocer una serie de irregularidades, entre ellas falta de aplicación de la ley de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ello, aseguran los inconformes, ha permitido la operación de una empresa que, según ellos, contamina gravemente esa zona, donde se encuentra la empresa, ubicada a 100 metros del puente Belisario Domínguez, conocido como “puerta de entrada al Parque Nacional Cañón del Sumidero”. Agregan que debido al crecimiento acelerado de la población, las instalaciones de la fábrica de cales han quedado rodeadas por unos 15 mil habitantes distribuidos en seis centros urbanos, pero “es deprimente ver la capa permanente de polvo blanco que cubre la vegetación y los techos de las casas. Por ello, aseguran, es común el ausentismo de alumnos y maestros en escuelas debido a las constantes padecimientos en las vías respiratorias originados por esa contaminación”. Recuerdan que el 8 de diciembre de 1980, se decreta la creación del Parque Nacional Cañón del Sumidero, y desde esos momentos los daños en la zona ya eran visibles. Añadieron que la superficie afectada por el banco de extracción del material es de 36 hectáreas, lo que ha causando la destrucción del hábitat de especies endémicas, el deterioro de la pared oriente del parque del “Cañón del Sumidero”, propiciando deslaves y reblandecimientos de suelo. Los pobladores manifestaron que la permanencia de la citada empresa en la zona, reconocida como turística, “ya no se justifica y representa un obstáculo para el turismo y para quienes quieren invertir” y demandan la inmediata intervención de las autoridades, cuestión que hasta ahora no ha sido posible.