El presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, exhortó al Poder Judicial del Distrito Federal a incorporar los estándares internacionales en derechos humanos al trabajo que realiza ese poder. Durante la presentación de resultados de la Primera Etapa del Sistema de Indicadores en Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), el ombudsman resaltó la importancia de sumar la perspectiva de los derechos al quehacer del tribunal. Ello, dijo, “porque un paso que hay que dar tiene que ver con la incorporación de los criterios de derechos al quehacer sustantivo de juezas, jueces, magistradas y magistrados que conforman el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad”. En un comunicado, la CDHDF informó que el ombudsman capitalino señaló lo anterior ante personal del TSJDF reunido en el Auditorio Benito Juárez del tribunal, donde reiteró la importancia de incorporar los estándares internacionales en materia de derechos humanos a la labor judicial. Asimismo negó cualquier diferencia entre los criterios jurídicos y los de derechos ciudadanos y “estamos en una dinámica en la que poco a poco esta aparente oposición que se planteaba o por lo menos esta divergencia entre los criterios estrictamente jurídicos y los de derechos humanos empiezan a ceder”. Mencionó que al respetar las competencias institucionales y con la incorporación de estándares en la materia se tendrá un sistema a corto plazo en el que las violaciones a los derechos humanos se podrán subsanar en las sentencias de los impartidores de justicia. A su vez, el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, destacó la apertura del Tribunal Superior de Justicia capitalino para implementar la herramienta de indicadores por primera vez en el país en una institución pública. Informó que con el apoyo de este organismo internacional, en total fueron 76 indicadores, de los cuales 50 fueron relativos a los procesos, 16 a los resultados y 25 con doble categoría. Este trabajo, explicó, permitirá evaluar si todas las personas tienen el mismo acceso a la justicia, si se respeta su derecho a no ser discriminadas, si las y los jueces cumplen con los términos procesales y si se apegan a los principios como la presunción de inocencia y el uso mínimo de recursos para la privación de la libertad.