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El asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortegaha movilizado a un buen número de ciudadanos del estado de Morelos que se han manifestado de diferentes maneras en las afueras del Palacio de Gobierno
Esta semana, una noticia sacudió a un sector de la sociedad de Cuernavaca debido al asesinato de un grupo de jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados con visibles signos de tortura en un vehículo presuntamente abandonado. Nada nuevo en el contexto de la violencia que se vive en gran parte del territorio nacional, nada más que entre los occisos se encontraba el hijo del periodista y escritor Javier Sicilia.
Juan Francisco Sicilia Ortega y seis cuerpos más, fueron hallados "en el interior de un auto Civic Honda con placas GZM-42-02 del estado de Guerrero", decía el informe oficial de las autoridades de Morelos, en donde también explicaron que lo más probable es que hayan sido "asfixiadas".
Mucho sea especulado acerca de este multihomicidio, pero lo cierto es que el argumento comúnmente utilizado por el gobierno federal y en voz del Presidente mismo, de que "alguna de las victimas seguramente tenía vínculos con el crimen organizado", no tiene espacio en este caso ya que pesa mucho la figura de Javier Sicilia en el medio intelectual, artístico, periodístico y académico como para tirar alegremente esas acusaciones como muchas otras veces lo hicieron, dañando la integridad moral de las familias de las víctimas.
Esta situación ha movilizado a un buen número de ciudadanos del estado de Morelos que se han manifestado de diferentes maneras en las afueras del Palacio de Gobierno, para exigir a las autoridades que se hagan responsables de la seguridad de la sociedad y que actúen en consecuencia para detener -o al menos tratar de investigar- a los asesinos de estos jóvenes.
Javier Sicilia ha encabezado los mítines en el zócalo de Cuernavaca y ha hecho declaraciones que van más allá de los justos reclamos y que mueven a la reflexión. Primero pidió a los criminales que respeten los "códigos de honor" que muchas décadas aplicaron para resolver los asuntos entre ellos y que solo ellos los resolvían, es decir, sin dañar a las familias, a los menores o a víctimas inocentes.
Después argumentó -y aquí está una de las partes centrales del asunto-, que si las autoridades municipales, estatales y federales no pueden proteger a los jóvenes y a la sociedad civil en general, entonces "que renuncien, es mejor que se larguen", subrayó Sicilia.
¿A quién le reclamamos? ¿Quién o quiénes son los responsables de esta ola de violencia e inseguridad que priva en el país?
Pero hay que hilar "menudito menudito" para ver si alcanzamos a entender lo que sucede. Muchas veces, Calderón se la pasó pidiendo a la sociedad civil que denuncie a los delincuentes. Otras tantas hemos visto que muchos de los asesinatos se cometen en contra de la gente que en su momento denunció ante las autoridades algún hecho criminal, y sumándole un poco más a la cuenta, a veces las autoridades ven a los denunciantes como los delincuentes, sobre todo el ejército con sus tan criticados métodos para operar.
En este caso de Sicilia y las otras seis personas asesinadas, sucedió algo muy cercano a lo arriba descrito. Un grupo criminal intentó extorsionar a uno o a varios de los ejecutados, éstos denunciaron a las autoridades y esta denuncia les costó la vida.
La pregunta entonces sería: ¿De qué sirve entonces denunciar? ¿Para qué expones tu vida y la de tu familia a la tortura y al secuestro si las autoridades no pueden garantizar la seguridad de la sociedad? Porque es verdad que debemos hacer algo, la sociedad civil tiene que reaccionar y detener esta masacre, pero ¿bajo qué condiciones?
Y es comprensible el papel y las exigencias de Javier Sicilia en su necesidad de superar la frustración y el desamparo. Lo malo de esto, es que ya son muchas familias las que han pasado por la misma situación y nada ha funcionado. En el norte los defensores de los derechos humanos y los activistas son amedrentados y asesinados; en el sur las propias autoridades demuestran su valentía correteando a indocumentados con machete en mano y en el centro, los decapitados, los descuartizados y los ejecutados están por todas partes.
Al parecer, estamos entrando a un estado de desconfianza y hartazgo. Ya no se sabe en donde están las autoridades cuando avanzan los criminales y cuando la sociedad denuncia a los criminales, las autoridades no pueden -o no quieren o no les conviene- actuar.
Pero finalmente ¿a quién le reclamamos? ¿Quién o quiénes son los responsables de esta ola de violencia e inseguridad que priva en el país? ¿Cómo debemos actuar como sociedad para evitar más víctimas "colaterales"? Estas son preguntas que pueden tener miles de respuestas, pero ni todas juntas tienen el poder de cambiar la cruda realidad.
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