Tanto la violencia como el acoso escolar ponen a prueba y en riesgo las instituciones básicas de la sociedad (familia y escuela), aseveró el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Marco Antonio Cortés Guardado. En el foro “Violencia y acoso escolar y los derechos de los niños y adolescentes en Jalisco”, añadió que el fenómeno “bullying” se convierte en un “problema gravísimo”, ya que se expande y profundiza. Además, pone en riesgo “la producción y vigencia de elementales normas de civilidad y convivencia pacífica, que debieran estar arraigando en la conciencia moral de los individuos desde la infancia”. Durante la inauguración del foro en la sede del Poder Legislativo, efectuado el 18 y 19 de enero, el secretario de Salud Jalisco, Alfonso Petersen Farah, consideró que la violencia escolar es causa y consecuencia. “Es resultado de la violencia intrafamiliar e inadecuadas relaciones interpersonales”, refirió. “Es también consecuencia de la violencia que los líderes sociales, en muchas ocasiones, utilizamos para tratar asuntos no con argumentos sino más bien con descalificaciones”, añadió. “Los políticos, los líderes en diferentes áreas, a veces recurrimos a este tipo de medidas y sembramos en la sociedad agresividad innecesaria”, reconoció Petersen. Coincidió con el rector general de la UdeG en que todas las instituciones públicas de Jalisco y organismos de la sociedad civil deben apoyar este evento e iniciativas. Cortés Guardado añadió que la Máxima Casa de Estudios en Jalisco refrenda su disposición para contribuir en todos los rubros requeridos para resolver este problema. “La Casa de Estudios puede apoyar con las opiniones de expertos en áreas de educación, psicología y salud. Asimismo, mediante los conocimientos y resultados de proyectos de investigación que brinden alternativas a quienes atienden esta situación en Jalisco”, sugirió. Por su parte, el diputado Jesús Casillas Romero, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, lamentó que la creciente violencia y el acoso escolar “han convertido a la familia, profesores y autoridad en testigos complacientes”. Ante diputados, académicos y organizaciones civiles, la diputada Rocío Corona Nakamura, creadora de la iniciativa que regula el fenómeno, apuntó que la ley contempla 57 artículos que establece el derecho de los niños a vivir en un ambiente sin violencia, sanciones o medidas disciplinarias y educación. Concluyó que la violencia en las aulas abre un nuevo campo para la acción legislativa y que la sociedad jalisciense está sensible al tema. “La cuestión no está en esperar a que ocurran suicidios en niñas y niños para empezar a trabajar”, puntualizó.