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Preocupa a relatores de ONU y OEA violencia contra periodistas

24/08/2010 12:46 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La libertad de expresión en México está amenazada por el crimen organizado y por la impunidad, coincidieron los relatores de las organizaciones de los Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, y de Naciones Unidas (ONU), Frank LaRue. Los relatores especiales sobre libertad de expresión emitieron al respecto varias recomendaciones al Estado mexicano y expresaron su confianza en que se empiecen a cumplir a partir de este mismo día. En conferencia de prensa en la que ofrecieron sus conclusiones sobre la visita oficial conjunta que realizaron a México desde el 9 de agosto, los relatores de la OEA y la ONU alertaron que la libertad de expresión enfrenta en México graves obstáculos. Al dar un avance de los informes que presentarán por separado, señalaron que entre esos problemas están los asesinatos de periodistas, así como la impunidad generalizada y creciente sobre esos casos. Expresaron su preocupación sobre la aplicación de sanciones penales por el ejercicio de la libre expresión y por ausencia de mejores reglas de competencia en radio y televisión, que propicien la concentración de estos medios en pocas manos y perjudican el debate democrático. Tras reconocer la labor del nuevo fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra los periodistas, la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Catalina Botero, subrayó que esa instancia debe fortalecerse y alcanzar una auténtica jurisdicción federal. Como parte de las recomendaciones señaló además que a esa instancia se le debe dar mayor autonomía y recursos, así como adoptar protocolos especiales para investigar agresiones contra comunicadores. A su vez, el relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión, Frank LaRue Lewy, insistió en que México se ha convertido en el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en América Latina. Lamentó que la Fiscalía Especializada carezca de datos concretos sobre los 64 homicidios y las 11 desapariciones de periodistas registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en los últimos 10 años. La relatora de la OEA destacó la recomendación al Estado mexicano de crear un mecanismo nacional de protección a periodistas conformado por instituciones federales con funcionarios de alto nivel y con la participación de los comunicadores. También recomendó ofrecer capacitación a las fuerzas de seguridad pública para atender específicamente a periodistas, lo mismo que para el respeto a los derechos humanos. Al respecto insistió en el criterio de que cualquier violación a las garantías individuales por integrantes de las fuerzas públicas, ya sea a ciudadanos en general o a comunicadores, debe ser atendida y procesada por la justicia civil. En temas específicos los relatores se refirieron a la alta concentración de la propiedad en los medios de comunicación electrónicos y recomendaron crear un marco normativo para que se desconcentre. Plantearon establecer un órgano que regule las áreas comunitarias y mantener criterios claros en la publicidad oficial que en algunos casos se usa para premiar o castigar a medios de comunicación, así como profundizar en la transparencia en el aparato de justicia y preservar el derecho a la información. El relator LaRue se refirió a la responsabilidad de las empresas que contratan periodistas, las cuales deben ofrecer seguridad social a sus empleados y sus familias además de capacitarlos en el manejo de riesgos y en las respuestas frente a situaciones peligrosas. Ejemplificó que las viudas de periodistas asesinados en Michoacán no tienen el apoyo económico de las empresas, del Seguro Social ni de instancia oficial alguna, situación que calificó de insostenible. En cuanto a la criminalización de la libre expresión, manifestaron su inquietud sobre el uso que le dan algunas autoridades y reconocieron que en algunos casos se utiliza a la ley para acosar a medios de comunicación y a periodistas. No obstante hicieron un reconocimiento público a la reforma legal que protege el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes y que elimina la criminalización de la calumnia y otras conductas similares. Por ello recomendaron derogar todos los tipos penales en los niveles federal y local que criminalicen la libre expresión, además de garantizar que no se acose jurídicamente a los periodistas en ninguna parte del país. LaRue Lewy reconoció que muchas de las agresiones referidas en su visita se podrían adjudicar a las fuerzas de seguridad y por ello es aún más necesario profundizar en la capacitación, por ejemplo, del Ejército que no puede investigar delitos ni está acostumbrado a tratar con los ciudadanos o con los periodistas en la calle. Advirtió que en algunas partes del país se observa lo que llamó “comunidades silenciadas” por el temor de los ciudadanos y en particular de los periodistas a hablar sobre la situación de su comunidad, en particular en Ciudad Juárez y Ayutla. Aprovechó para señalar que la relatoría a su cargo sabe que existen otras comunidades con graves problemas, como Matamoros o Reynosa, que no tuvo tiempo de visitar. La relatora Botero afirmó que el crimen organizado sí ha tratado de incidir en la información y por ello insistió en que el Estado debe proteger a los periodistas y no responsabilizarlos porque publiquen alguna información.


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