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Presenta SFP denuncia penal contra servidores públicos por fraude

18/08/2010 06:31 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra siete servidores públicos y tres particulares por el delito de fraude. Mediante una auditoría que llevó a cabo la dependencia detectó que los servidores públicos avalaron la venta de un terreno que aloja una planta vitivinícola 4.8 millones de pesos por debajo del valor real del inmueble. Por ello, tres de los empleados públicos fueron inhabilitados y otros tres destituidos de sus encargos, debido a que fueron denunciados penalmente, por lo que podrían hacerse acreedores a entre tres y 12 años de prisión. De acuerdo con los antecedentes del caso se pudo conocer que José Andrés Casco Flores, Francisco Farfán Bortolini y Gerardo Govea Hernández son los funcionarios inhabilitados por 10 años que deberán pagar una multa de cuatro millones 828 mil 906.41 pesos. Ellos, junto con Salvador Morquecho de Beistegui, Fernando Gudalupe Salinas y Adrián Fajardo Castellanos, los dos primeros inhabilitados por 90 días y el tercero por seis meses, trabajaban en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). El séptimo servidor público del SAE denunciado penalmente es Telmo Azorin Bermúdez, quien era administrador titular de Enajenación de Bienes. Para llevarse a cabo la venta irregular del predio 10 días antes Leticia Contreras Guajardo, Ana Rosa Mariscal Jiménez y José Rubén Romero constituyeron la empresa Destiladora del Norte (Denosa), la cual compró el bien ubicado en Caborca, Sonora. A la empresa con sede en Jalisco, de la que es dueño Rubén Romero, le fue vendida la planta vitivinícola en condiciones irregulares, porque en la convocatoria no se menciona que tiene 15 hectáreas de camino para acceso ni pozo de agua, por lo que sólo se registró un interesado. Los servidores públicos sancionados del SAE ofrecieron en subasta un terreno de seis hectáreas y su construcción, señalando expresamente que el mismo no contaba con servidumbre de paso (camino de acceso) ni concesión de uso de agua. Sin embargo, al concretar la venta se escrituró con esos dos elementos “extras”, los que no fueron incluidos en el precio de la operación de venta de la planta vitivinícola, para la que es fundamental tener una concesión de pozo de agua.


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