Fue durante su exposición inicial, en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aludió a las prácticas "inquisitoriales" de la oposición tras "comparecer 52 veces" por el caso Gürtel y los casos de corrupción del Partido Popular. El jefe del Ejecutivo, tras retar al resto de partidos a presentar una moción de censura, "la única forma en que el Congreso puede exigir responsabilidades políticas" enumeró las medidas que su Gobierno puso en marcha para defender la "rectitud y la transparencia en la vida pública".

"Hemos aprobado una decena de leyes, que se dice pronto, con el objetivo de aumentar la confianza de nuestros ciudadanos en el sistema democrático. Contra la corrupción son más efectivas las reformas que los reproches", insistió el presidente. Y dentro de una ristra de cifras, entre las que citó "el incremento de un 35% de la plantilla de la Guardia Civil y un 22% de efectivos de la Agencia Tributaria", aludió también al refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción.

"En los presupuestos vigentes para 2017, se prevé la creación de 89 juzgados y 16 plazas de magistrados para la segunda instancia penal. En total, 105 unidades que refuerzan nuestro sistema judicial y la lucha contra delitos como la corrupción. La Fiscalía Anticorrupción ha incrementado su plantilla un 40% desde 2014 y se ha incrementado un 14% el número de delegados provinciales.

Rajoy mencionó la creación de esas plazas obviando la grave crisis desatada durante los últimos meses en ese cuerpo especializado, la más grave desde su creación, y que forzaron la dimisión de Manuel Moix, el hombre elegido por su Gobierno para dirigir esa unidad, al que Rajoy llegó a defender en sede parlamentaria, y quien tuvo que abandonar el cargo rodeado de escándalos apenas cuatro meses después de tomar posesión.

Durante su breve mandato se supo que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, conocía antes de designar a Moix para Anticorrupción conversaciones incorporadas al sumario Lezo, en las que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, hoy encarcelado por graves delitos de corrupción, elogiaba a Moix y reconocía maniobras para impulsar su nombramiento y que este pudiese hacer amainar sus problemas judiciales.

En esos cuatro meses del convulso mandato de Moix, tuvo lugar una revuelta de los fiscales de Anticorrupción para oponerse al intervencionismo del jefe de la Unidad para intentar que no se investigasen determinadas ramificaciones del caso Lezo que afectaban a importantes dirigentes del Partido Popular.

La gestión que del asunto hicieron Moix, Maza y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que los defendió a ambos, propiciaron que todos fuesen reprobados por el Congreso de los Diputados.

Aunque el sumario está repleto de evidencias de que Catalá envió a Ignacio González, -cuando ya sabía que estaba siendo investigado- deseándole que se acaben "los líos judiciales", Rajoy insistió ayer en el Congreso en que "en España no hay impunidad, que las instituciones funcionan, que los controles no se advierten y que las irregularidades se sancionan donde se tienen que sancionar en los tribunales y en las urnas".