A pesar de los avances logrados en México en materia de igualdad de género falta crear estructuras para garantizarla en los niveles estatal y municipal, advirtió un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El informe de Indicadores de Desarrollo Humano y Género preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, calificó a la ley general para la igualdad entre hombres y mujeres como un "parteaguas" en la operación de políticas públicas de igualdad. Sin embargo, señaló también como un "enorme desafío" crear las estructuras administrativas profesionales en los niveles estatal y municipal, para llevar esas mismas políticas públicas a toda la sociedad. El documento agregó que la ley contra la violencia hacia las mujeres representa otro avance por los reconocimientos explícitos que hace sobre distintas formas de violencia y su concordancia con instrumentos internacionales. Por ejemplo destacó la definición de feminicidio como forma extrema de la violencia, el reconocimiento de los matices que abarquen la violencia intrafamiliar e incluso la mención de la violencia institucional. Ello, precisó el informe, son avances importantes para detener esta práctica contra las mujeres y con ello garantizar la igualdad de género. No obstante, hasta finales de 2007, sólo 25 estados de la República habían promulgado a nivel local leyes similares, mientras que en entidades como Campeche y Tlaxcala la violencia familiar no está tipificada como delito. "Resulta imperativo el reconocimiento legal de la violencia familiar en los Códigos Penales de las entidades federativas, en función de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia", refirió el escrito. El documento advirtió que en muchos estados aún se privilegian la conciliación y la mediación como formas de atender la violencia intrafamiliar y sólo si esos mecanismos fallan entra en acción la autoridad. "Esta forma de atención a la violencia doméstica ha probado ser adversa para las mujeres, ya que asume igualdad de condiciones entre la víctima y el agresor para iniciar una negociación", condición que nunca existe. Por ello, es importante que las leyes estatales contemplen procedimientos de separación y alejamiento entre víctima y agresor, como hace la ley federal para evitar que los abusos continúen, se repitan o profundicen.