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Reformas a legislación minera no cerrarían cuestionado proyecto

07/08/2010 05:31 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Parlamento de Costa Rica se apresta a debatir en sesión plenaria un proyecto de reformas al Código de Minería, en el marco de la intensa oposición popular a la extracción minera a cielo abierto. Impulsado por las bancadas del centroizquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC), con 11 de los 57 integrantes del Parlamento, y del izquierdista Frente Amplio (FA), con uno, el proyecto fue aprobado esta semana por unanimidad en la legislativa Comisión de Ambiente. La iniciativa apunta a erradicar del país esa modalidad de extracción y, por lo tanto, a prohibir futuras concesiones a empresas, además de prever que la pérdida de un permiso de operación es definitiva y no admite nueva solicitud. También fija normas para el trabajo de los mineros artesanales, incluida la obligación de éstos de operar en cooperativas, además de que determina que el Estado debe capacitar a estas personas en métodos de extracción sin sustancias tóxicas, tales como cianuro. Asimismo autoriza a los mineros artesanales en Zonas de Reserva Minera, en el sur del país, a trabajar durante 10 años a partir de la entrada en vigencia de las reformas, periodo después del cual deberán desarrollar actividades en otras áreas laborales. Consensuado con la administración de la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, el proyecto muestra coincidencias entre el gobierno y los promotores de la iniciativa en lo que tiene que ver con la erradicación de la minería a cielo abierto de este país. Sin embargo, el cuestionado proyecto minero Crucitas, de extracción de oro según esa modalidad, en el norte costarricense junto a la frontera con Nicaragua, no sería afectado por lo que parece ser la segura aprobación de las reformas. En cuanto a esta mina, cuya operación el gobierno pasado (2006-2010) decretó de interés público y está suspendida por decisión judicial, la actual administración –instalada el 8 de mayo- ha indicado que se atendrá a lo que decida un tribunal que estudia el caso. En opinión del único diputado del FA en la Asamblea Legislativa (Parlamento unicameral), José María Villata, la modificación al Código de Minería “cierra el portillo para nuevas concesiones”. Además de que, “si alguna empresa perdiera la que tiene, no la podría pedir nuevamente”, tras la aprobación de las reformas, “quedan sin efecto las solicitudes que están pendientes”, explicó Villalta a periodistas, luego de la aprobación en la comisión parlamentaria. Ernesto Chavarría, diputado por el derechista Movimiento Libertario (ML), dijo entonces que la iniciativa –aprobada el 5 de este mes por la comisión- “responde a un clamor de la ciudadanía”, contraria mayoritariamente a ese tipo de minería y a Crucitas en particular. Según José Roberto Rodríguez, legislador por el ex gobernante Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de acuerdo con el texto del proyecto, “a futuro, ya no podrán darse ese tipo de explotaciones”. “El caso de Crucitas es un fenómeno anterior, y, por lo tanto, a quien le corresponde son a los tribunales administrativos del Estado buscar una solución al problema”, agregó Rodríguez. Al respecto, Chinchilla explicó, en conferencia de prensa nueve días antes de finalizado el trámite en la comisión parlamentaria, que el gobierno debe ceñirse a lo que describió como la estructura propia de un Estado de Derecho. “Quienes están llamados a pronunciarse sobre la legalidad de los actos son los tribunales de justicia, y, sobre ese fundamento es, precisamente, el cual el Poder Ejecutivo está actuando”, planteó, el 27 del mes pasado, la mandataria. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) otorgó, en 2008, viabilidad ambiental a Crucitas, y el gobierno del entonces presidente Oscar Arias decretó ese año que el proyecto minero “se declara de interés público y conveniencia nacional”. Arias y el entonces titular del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), Roberto Dobles –quien luego dimitió a raíz de cuestionamientos éticos en su desempeño del cargo-, firmaron el 13 de octubre de 2008 el decreto, criticado por diversos sectores. El proyecto minero se mantiene cerrado mientras tienen lugar trámites judiciales iniciados por organizaciones ambientalistas que han denunciado riesgos tales como contaminación de ríos por el método de extracción de oro a cielo abierto que incluye el uso de cianuro. Según la empresa costarricense Industrias Infinito SA, subsidiaria de la canadiense Infinito Gold LTD y propietaria de la mina, esa situación “profundizó la pobreza de decenas de familias” de la zona donde se ubica el proyecto minero Crucitas. Se trata de familias “que no tienen fuentes de empleo y se han quedado sin oportunidad para desarrollar sus pequeñas empresas”, afirmó la compañía, en un comunicado que emitió el pasado 26 de julio. “Como parte de su política de Responsabilidad Social Empresarial”, la firma “aportó en los últimos años más de mil millones de colones (unos 1.9 millones de dólares) en (...) proyectos a las comunidades de influencia directa de la compañía”, agregó. “Sin embargo, otros proyectos están paralizados por los procesos judiciales que aun enfrenta. Se espera que a razón de 260 empleos directos, la mina Crucitas generará mil 300 empleos indirectos en una de las zonas más pobres del país”, planteó además. El comunicado fue difundido luego de que la Coordinadora Ni Un Mina Más planteó que corresponde a la presidenta decidir sobre el decreto del gobierno anterior que declaró la mina como de interés público. Los opositores al proyecto reunidos en la Coordinadora indicaron, en carta dirigida entonces a Chinchilla, que el 16 de agosto se reunirán frente a la Casa Presidencial para apoyar la derogación del decreto o, de lo contrario, anunciar nuevas acciones. La coordinadora llevó a cabo, del 19 al 25 de julio, una caminata de unos 170 kilómetros, desde esta capital hasta el acceso a la mina, en protesta contra el decreto en particular y contra la minería a cielo abierto en general.


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