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Entre rejas y reformas: la administración del sistema penitenciario en el Ecuador

25/07/2017 23:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Las cárceles podrían explicar mucho de lo que somos. De forma directa reflejan el sistema y sus variantes socio-económicas

Condenados a la libertad, decía Sartre. Presos de la plenitud existencial donde la realidad no admite segundas oportunidades. Detenidos en una sociedad donde el primer intento es la vida misma. Las cárceles podrían explicar mucho de lo que somos. De forma directa reflejan el sistema y sus variantes socio-económicas. ¡Que no quepa duda sobre la legitimidad antropológica de los panópticos y ese vínculo especial con las reflexiones sobre el desarrollo o retroceso de un país!

Ecuador alberga a 37 mil personas privadas de libertad en 53 Centros de Rehabilitación Social, ubicados en 19 de las 24 provincias. El número de reos aumenta de manera sostenida en períodos temporales relativamente cortos. En el 2009, luego de que el gobierno nacional aprobara el indulto a las mulas del narcotráfico y la norma legal de cero presos sin sentencia, la población carcelaria alcanzó los 11.279 detenidos. Posterior a ello, ambas propuestas para reducir el hacinamiento fracasaron. Los beneficiarios del indulto retornaron a las cárceles luego de pocos meses y varios detenidos aprovecharon las trabas jurídicas para salir de sus procesos indemnes.

Debido a estos factores la normativa legal dio un giro de 360 grados, reemplazando las políticas pro reo por una norma finalista, donde se eliminaron las rebajas y se endurecieron las penas. Para el 2013 la población carcelaria incrementó a 24.203 personas. La situación en aquel entonces motivó a que el Estado declare en emergencia al sistema penitenciario, con la finalidad de analizar mejoras sobre la base de una transformación del modelo de gestión carcelaria.

El elemento clave en la construcción de un sistema penitenciario garantista de derechos y con un enfoque de rehabilitación social pasa por el tema de recursos. Más allá la voluntad política prevalece la voluntad económica. Prueba de ello es que el financiamiento de las cárceles en el país hasta el 2011 provenía del 10% de la multa a los cheques protestados. Básicamente el presupuesto general de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), entidad administrativa de las cárceles hasta el 2011, era inexistente en las previsiones anuales del Estado. El monto de capital disponible en el año nunca superó los 35 millones de dólares, que debían ser distribuidos en pagos a proveedores, salarios, manutención de los reos y servicios básicos. Las mejoras al sistema se realizaban con el dinero sobrante.

El gobierno nacional en el 2014, a través del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, entidad que absorbió en el 2011 a la DNRS, determinó que la transformación del modelo de gestión penitenciaria implicaba la contratación de personal, equipamiento de los centros, clasificación de la población internada, reformas en el sistema de visitas y, sobre todo, la construcción de tres Centros de Rehabilitación Social (CRS) que combatan el 58% de hacinamiento en las cárceles del país.

El proceso de trasformación contó con un presupuesto de $ 244’306.956 dólares para la edificación de tres Centros Regionales de Rehabilitación Social, ubicados en tres puntos estratégicos del país. El primero en construirse fue el Centro de privación de libertad de personas en conflicto con la ley número uno, también conocido como Penitenciaría del Litoral, que incluye a la Regional Guayas zona 8, llamada por los internos “La Roca”. Ambos complejos, inaugurados en el 2013, tienen la capacidad de albergar a 4.502 personas privadas de libertad (PPL).

El segundo hito en la infraestructura carcelaria de este gobierno fue el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro-Norte, que inició su funcionamiento en el 2014; está ubicado en el cantón Saquisilí de la provincia de Cotopaxi y su capacidad es de 4.832 personas, la mayoría de ellas provenientes del extinto Penal García Moreno de la ciudad de Quito. La tercera edificación, terminada en el 2014, fue el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro-Sur, ubicado en el Turi, provincia del Azuay, que cobija un máximo de 2.740 detenidos.

Los tres nuevos CRS concentran el 50% de la población carcelaria del Ecuador. Ledy Zúñiga, ministra de justicia en el gobierno de Rafael Correa, resaltó que los proyectos iniciados por el gobierno redujeron el hacinamiento del 58% al 0.24%. Sin embargo, y pase a los avances en el cambio del modelo de gestión penitenciaria, los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos señalan que el país aún vulnera las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), debido a que existe un tratamiento diferenciado en las 53 prisiones del Ecuador, ya que más de la mitad de ellas presentan hacinamiento, infraestructura inadecuada, precariedad de los servicios sanitarios y violación de las garantías penales, procesales y de derechos de los detenidos.

¿La inversión es suficiente?

La política pública promulgada desde el gobierno central implicó cambios estructurales tanto en la gestión interna de las cárceles como en la infraestructura y el equipamiento de los CRS. Rafael Correa calificó al 2014 como un año histórico en el sistema penitenciario ecuatoriano, debido a la transformación integral del modelo de administración de los complejos carcelarios, que ahora tienen la obligación de humanizar y dignificar la vida de los detenidos, a través de la educación, terapias ocupacionales y espacios higiénicos vitales.

Los objetivos trazados por el Ministerio de Justicia se cumplen parcialmente, según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que denunció el abuso de poder y la violación de los derechos humanos de los detenidos por parte de los oficiales penitenciarios, además de la precarización de los antiguos CRS, que tienen más de 20 años y vulneran todas las recomendaciones de tratamiento de detenidos.

La lista de prisiones que forman parte de la estadística negativa son: Tulcán, Ibarra, Quito, Ambato, Riobamba, Azogues, Loja, Machala, Babahoyo, Esmeraldas, Portoviejo (Tomás Larrea), Quevedo, y Macas. Dentro de estos complejos carcelarios la situación es diferente a la referida por el gobierno, dado que el hacinamiento, insalubridad, corrupción e inseguridad se han tornado en fenómenos naturales para quienes viven y trabajan en las prisiones.

Actualmente el número de detenidos en el país bordea los 37 mil. De ellos el 50% reside en los modernos complejos carcelarios inaugurados por la ‘revolución ciudadana’ y el 50% restante está dividido en las antiguas prisiones del Ecuador.

Marcos Coello, director del Centro de Detención Provisional de Quito (CDP), señala que las instalaciones de la ex cárcel de mujeres, ahora CDP, tienen la capacidad de albergar a 720 personas; actualmente existen 1.869 detenidos. A ello se suma las decadentes instalaciones, que no prestan garantías para albergar a una población en condiciones de riesgo.

El número de reos aumenta de manera sostenida en períodos temporales relativamente cortos

Varios guías penitenciarios de identidad protegida, señalaron que la versión del Ministerio de Justicia sobre la revolución integral del sistema carcelario dista mucho de ser un reflejo de la realidad, pues las cárceles no intervenidas presentan condiciones emergentes, que repercuten no solo en las condiciones de vida de los presos sino también de los trabajadores.

En Quito aún existen tres complejos carcelarios: el CDP, donde residen contraventores y personas sin sentencia ejecutoriada; la Casa de Confianza de Chillogallo, donde residen presos que accedieron a los beneficios de régimen abierto y semiabierto (prelibertad), mujeres contraventoras y, excepcionalmente, mujeres embarazadas; y el Centro de Rehabilitación Social #4 Quito, donde residen presos con sentencia ejecutoriada, especialmente, uniformados en servicio activo o pasivo.

De estos tres establecimientos, dos presentan hacinamiento. El CDP, según su director, es un caso especial porque dependiendo de los operativos policiales anti delictivos y los traslados a diversas prisiones del Ecuador la cabida aumenta o disminuye, pero siempre se mantiene por sobre la media de su capacidad. En tanto que el CRS #4, ubicado al frente del condado Shopping, fue diseñado para albergar a 68 detenidos y actualmente allí habitan 89 personas privadas de libertad, según señala la secretaria del complejo, Jacqueline León. Las instalaciones de esta cárcel son particularmente precarias, ya que es una casa común y corriente adaptada superficialmente para convertirse en un CRS. Por lo antes mencionado, este establecimiento incumple con todas las normas básicas de seguridad penitenciaria.

En el 2014, Ledy Zúñiga, al referirse a las mejoras en el sistema carcelario, señaló: “eliminamos el hacinamiento y la inseguridad en los centros de rehabilitación social. El Estado recuperó el control de los CRS, con la eliminación privilegios y devolvió la dignidad a las PPL”.

Las palabras de la ex ministra de justicia generaron el descontento del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos en el Ecuador, que manifestó que “la actual realidad de las cárceles en Ecuador no llena la ambiciosa aspiración del nuevo modelo gubernamental. Todo lo contrario, asistimos a un progresivo alejamiento de la población carcelaria del resto de la sociedad”, es decir, con las reformas judiciales tendientes a endurecer las penas el sistema penitenciario ecuatoriano incrementa su población, el tiempo de reclusión y con ello limita las posibilidades de rehabilitar a los detenidos.

El precio de los detenidos: un rubro esquivo para el Estado

Teresa Coba, subsecretaria de rehabilitación social, asegura que el Estado invierte $ 15.50 por preso al día. Esto significa que cada 24 horas el país desembolsa $ 527.000 para solventar la estadía del total de detenidos en el Ecuador. El rubro incluye alimentación, servicios básicos, además de pagos a proveedores y empleados del sistema penitenciario y de justicia.

Una alternativa para palear los negativos efectos económicos, consecuencia de la administración de las cárceles, es vincular a los detenidos con proyectos laborales. “El trabajo penitenciario ya es una realidad. Ahora las PPL ya no son una carga ni para el Estado ni para sus familias, desde los centros penitenciarios están en capacidad de aportar económicamente a sus hogares”, señaló la ex ministra Ledy Zúñiga Rocha, quien resaltó la colaboración de empresas privadas como Carioca, La Fattoria y Hornos Tungurahua, que fomentan el trabajo penitenciario en los CRS del país.

No obstante, este proyecto no alcanza a convertirse en una generalidad sistémica, pues la mayoría de CRS no están preparados en su infraestructura y personal para incorporar estos programas a su administración. Coba comenta que los 1.700 trabajadores penitenciarios no son suficientes para cubrir las necesidades de los 37.000 detenidos, que requieren vigilia permanente y atención prioritaria por su condición de recluidos. Sin embargo, la subsecretaria de rehabilitación indica que el Ministerio de Justicia ha abierto concursos para contratar a nuevos empleados durante los siguientes meses.

El guía penitenciario Xavier Terán señala que las cifras son relativas en función de los CRS. La prisión de Ibarra es diferente a la de Guayaquil o Quito, no solo en sus instalaciones sino en el número de detenidos y el número de empleados que laboran para la cárcel. A ello se suma la división de turnos, donde se reduce a la mitad el personal por cada guardia. “En las noches velamos 25 compañeros, quienes nos hacemos cargo de la cárcel hasta el otro día.” En números, esta situación supone que el guía ibarreño, Xavier Terán vigila a 28 presos por cada turno en una cárcel cuya capacidad real es de 200 personas, pero que actualmente recibe alrededor de 700.

Milton Vargas, asesor jurídico de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), considera que “la constitución aprobada en el 2008 aumenta los derechos y las garantías para la exigibilidad de los mismos por parte de los guías y los reclusos. Sin embargo, en casos prácticos no siempre se aplican.” Esa aseveración proyecta dos escenarios ciertamente complejos. Por un lado, un sistema de corte reformista que intenta salir de la crisis actual implementando una fusión del modelo humanista costarricense y el modelo coercitivo norteamericano; y por otro lado, la carencia de recursos suficientes para transformar los 53 CRS del país.

Ecuador, en 1982, durante el gobierno de Oswaldo Hurtado Larrea, aprobó el Código de Ejecución de Penas, donde el país asumía el modelo penitenciario de Costa Rica con la finalidad de emular la reinserción social de los detenidos. Sin embargo, la trasposición de un paradigma formulado en un contexto determinado a otro completamente distinto, no permitió que alcance el éxito previsto.

El Código Integral Penal, aprobado en el 2011, ejercitó un cambio estructural del paradigma carcelario. Del modelo costarricense se pasó al norteamericano, que basa toda su actividad en la exclusión del detenido, con la finalidad de evitar la propagación de la ilegalidad en sus diversas expresiones.

En la praxis, aún conviven ambos sistemas, que no alcanzan a cubrir las crecientes necesidades de un país, cuyos índices delictivos van en aumento. Las intenciones no bastan, apuntan ciertos analistas. Otros, con mayor condescendencia, señalan que por algo hay que empezar. Hoy por hoy, la tasa de crecimiento anual poblacional en las cárceles alcanza el 9.76%, es decir, cada doce meses ingresan alrededor de 2.700 nuevas personas a los 53 CRS, que en un par de años habrán alcanzado, de nuevo, su máxima capacidad.

Ecuador alberga a 37 mil personas privadas de libertad en 53 Centros de Rehabilitación Social, ubicados en 19 de las 24 provincias

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Aata (1 noticias)
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