Para los colimenses, el año que está por concluir representó una prueba difícil, no sólo por la violencia a causa del crimen organizado, sino por haber enfrentado la contingencia debido al huracán Jova, una de las más grandes ocurridas en los últimos años. Si bien es cierto que el terremoto de 2003 generó pérdidas humanas y económicas, en el 2011 un fenómeno hidrometeorológico vino a romper la de por sí maltrecha tranquilidad, pues además de la zozobra y el temor, provocó la afectación en prácticamente todos los sectores de la entidad. Jova, el potente huracán que alcanzó la categoría de 4 en una escala de 5, tuvo una ligera desviación en su trayectoria y disminución en su intensidad ya en las últimas horas del pasado 11 de octubre, y en las primeras del 12, en categoría dos, tocó tierra en Punta Farallón, estado de Jalisco, en los límites con Colima. Sin embargo, su paso fue desastroso para los 10 municipios, al grado de que horas después la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para todo el estado, tras la inmediata petición que en ese sentido hizo el gobierno colimense. “Este fenómeno natural planteó un serio desafío a nuestra capacidad de respuesta como sociedad y gobierno”, dijo hace unos días el gobernador Mario Anguiano, al rendir su segundo informe de labores. El pasado 10 de octubre, el mandatario estatal admitió que el acercamiento de Jova representaba “un riesgo real” para la entidad, por lo que ya desde ese día se pedía a la población, sobre todo la de la zona costera, tomar las previsiones necesarias sin entrar en pánico. Ya se encontraban preparados 220 albergues, con capacidad para atender a poco más de 29 mil personas, y desde ese día comenzó la evacuación de El Centinela de Abajo, en Manzanillo, habitada por al menos 39 familias. Durante y después de impactar el fenómeno, las cifras reportadas por diversas instancias comenzaban a ser alarmantes, por lo que el mismo 12 de octubre (el huracán había ingresado cerca de las 2:00 horas), el gobernador solicitaba ya la declaratoria de emergencia, así como el apoyo necesario por parte del Fondo de Desastres Naturales. Un día después, el 13, aún era difícil precisar el monto de los cuantiosos daños, pues además de las afectaciones a viviendas, vehículos y muebles de la población, se registraban en infraestructura urbana municipal, como puentes, calles, jardines. Así como infraestructura carretera, deportiva, administrativa, hidráulica, educativa, cultural, de salud, de residuos sólidos, incluyendo afectaciones forestales, agropecuarias y acuícolas. El movimiento portuario se vio seriamente afectado en por lo menos 15 días, pues el puente del ferrocarril sobre el río Armería se vio severamente colapsado por la fuerte creciente, lo que impedía la transportación de la mayor parte de la carga que llega al puerto de Manzanillo, además de las afectaciones a la autopista. Que impedía también una eficiente movilización terrestre de carga. Los dos aeropuertos de la entidad suspendieron actividades durante varios días, cientos de negocios y miles de viviendas se inundaron de agua y lodo. Además de los fuertes daños en la infraestructura urbana, carretera y agropecuaria, este último sector se vio completamente paralizado, afectando aún más a miles de familias que viven de esa actividad. El 14 de octubre, la Segob emitió la Declaratoria de Desastre Natural para los 10 municipios de la entidad, pero un día antes, ante la magnitud de los daños, la Secretaría de la Defensa Nacional implementó el Plan DN-III-E, al igual que la Secretaría de Marina-Armada de México. Un día después, el presidente Felipe Calderón Hinojosa acudió a recorrer las zonas más afectadas. El 19 de octubre ya se había reanudado comunicación terrestre con 48 localidades que habían quedado aisladas, y el 3 de noviembre finalmente se dio a conocer una evaluación de los daños: Un mil 283 millones 700 mil pesos, de los que cerca de 600 millones correspondían a la infraestructura estatal y municipal y el resto a la federal. No obstante, los afectaciones eran mayores, pues los sectores productivos que no forman parte del Fonden como infraestructura turística y de servicios, reportaban afectaciones en mil 182 unidades económicas, por un monto superior a los 205 millones de pesos, y 300 millones en el rubro agropecuario. De acuerdo con el delegado estatal de Banobras, Omar Magaña Ceballos, los daños ocasionados por Jova superaron en monto la suma de afectaciones provocadas por los huracanes Greg (1999), Norman (2002), y Lane (2006), y el sismo del 2003, “todos juntos”, aseguró. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cantidad de lluvia que cayó con el huracán fue similar a la del ciclón de 1959, en el que se perdieron miles de vidas, mientras que en este fueron sólo dos los fallecimientos. La reconstrucción de Colima continúa, pero ahora, Colima y sus autoridades deberán enfrentar un nuevo reto: Prácticamente todas los recursos asignados para esa tarea en el 2012, deberán ser ejecutados físicamente durante los primeros meses, pues en mayo será más difícil ante el inicio de las campañas y la cercanía de la jornada electoral.