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Reprueba CDHDF rechazo de gobierno local a recomendación

22/08/2012 06:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reprobó que el gobierno local, mediante la Consejería Jurídica y las delegaciones Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Xochimilco, se negaran a aceptar la recomendación 11/2012. Lamentó que el gobierno capitalino y las referidas delegaciones políticas hayan rechazado el documento emitido por la institución, en el que da cuenta del incumplimiento de laudos, sentencias y resoluciones administrativas dictadas por la autoridad jurisdiccional. La recomendación 11/2012 emitida el 27 de julio pasado por el organismo defensor refiere violaciones al derecho a una adecuada protección jurídica, a la seguridad jurídica y a las garantías individuales en agravio de más de un centenar de personas. En un comunicado la CDHDF precisó que el cumplimiento y la ejecución de laudos y sentencias no corresponde a un acto jurisdiccional, sino un deber de cumplimiento por parte de las autoridades a fin de garantizar un efectivo acceso a la justicia. Indicó que el organismo hizo un llamado “para que se acepte y cumpla el instrumento que les fue dirigido y se garantice el derecho al acceso efectivo a la justicia que hoy sigue siendo vulnerado no sólo en agravio de las personas peticionarias, ya que la afectación impacta también a sus familias”. Explicó que las autoridades recomendadas argumentaron su negativa en el sentido que la CDHDF no está facultada y no es competente para conocer del asunto, al ser éstos de carácter jurisdiccional además de la imposibilidad presupuestal para cumplir con los fallos. La institución defensora aclaró “que no se está conociendo del contenido de las resoluciones emitidas y que su reconocimiento es por actos u omisiones procedimentales consecuencia de la resolución judicial, es decir posteriores al acto jurisdiccional”. En ese sentido la CDHDF consideró que la respuesta de las autoridades recomendadas no atiende la reforma constitucional de 2011 para aplicar el principio pro persona y máxima garantía de derechos.


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