En la calificación de la actual elección presidencial no será necesaria la toma de calles o plazas públicas para exigir la defensa del voto, señaló el magistrado Flavio Galván, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En entrevista, el integrante de la comisión que formulará el dictamen sobre el cómputo final y la calificación de la elección, así como la del presidente electo, recordó que cualquier controversia, impugnación o duda sobre la legalidad del proceso se resuelve en el TEPJF y no en las calles. “Creo que este tema ya está erradicado. Justamente el gran valor de los tribunales electorales, tanto federal como locales, es haber erradicado de las calles, de las Plazas de Armas, del Zócalo, estas manifestaciones”, comentó Galván Rivera. Puntualizó que “las controversias, las dudas, las desconfianzas se llevan en una demanda al tribunal, y el tribunal resuelve sin que haya toma de carreteras, de calles, de palacios municipales, palacios de gobierno o la Plaza de la Constitución". Para ello confió en la madurez de la ciudadanía, de los candidatos, de los partidos políticos, en general de todos los actores “y si hay muchas impugnaciones, bienvenidas, trabajaremos de más quizá pero para eso estamos preparados". El magistrado aseguró que la Sala Superior del TEPJF se encuentra lista para resolver todas y cada una de las impugnaciones que lleguen a presentar los partidos políticos, los candidatos o los ciudadanos. "El tribunal está para resolver todos los juicios que se promuevan. Si hay pocas impugnaciones, ¡qué bueno! Nos demostrará confianza, tanto en el trabajo que hicieron los ciudadanos como los candidatos y los partidos políticos”, expuso. En cambio “si hay muchas impugnaciones, probablemente sea un principio de desconfianza pero para eso tendremos que trabajar los siete magistrados, abundó. En este contexto, Flavio Galván Rivera dio a conocer que se turnarán los juicios a cada una de las ponencias y se resolverá como siempre en público lo que proceda en cada caso. El magistrado descartó cualquier sesgo partidista en la integración de la Comisión de magistrados para la elaboración del dictamen de las declaraciones de validez de la elección de presidente y presidente electo.