El contralor general del estado, Julio César Hernández Martínez, informó que hay un sinfín de asuntos que tienen relación con la responsabilidad jurídica de servidores públicos en proceso de revisión y análisis. Señaló que el proceso de entrega recepción de la nueva administración durará 30 días, y se prevé que durante los primeros días del mes de mayo se conocerá qué situación guardan los asuntos jurídicos heredados del periodo del ahora ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo. El anterior titular del órgano gubernamental informó de por lo menos 800 casos de funcionarios en proceso de inhabilitación, por posibles irregularidades en sus responsabilidades; los cuales en la actual administración están en revisión. Hernández Martínez informó que son tres áreas las que tienen especial atención, la primera en materia jurídica que tiene que ver con la responsabilidad de los servidores públicos; la segunda, la auditoría sobre la aplicación de los recursos, y el último que tiene que ver con la modernización del organismo. Cabe señalar que existen procesos que podrían inhabilitación a tres funcionarios de la administración actual: Sofío Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural; Lázaro Mazón Alonso, de la Secretaría de Salud, y Alberto López Rosas, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Sobre los mismos, Hernández Martínez precisó que todos los asuntos apenas están en proceso de conocimiento, no hay una determinación sobre ello. Aunque en el caso de López Rosas la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con información difundida de la pasada administración gubernamental, está suspendido por no comprobar recursos económicos cuando fungió como alcalde del puerto de Acapulco.