El riesgo de exclusión social se multiplica por tres entre las personas que provienen de fuera de la Unión Europea y las que son españolas. Así lo ha explicado Cáritas este miércoles en la presentación del informe 'Fronteras In-visibles', en la que ha denunciado el alto nivel de exclusión al que están expuestos las personas inmigrantes de nacionalidad extracomunitaria debido a las barreras que se encuentran para regularizar su situación administrativa.

El 51% de este colectivo se encuentra en riesgo de exclusión social frente al 18% de los españoles, según datos recogidos por la última encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales llevada a cabo por la Fundación FOESSA.

Estos mismos resultados estiman que en Cataluña hay alrededor de 100.000 personas en situación irregular, por lo que la ONG ha lamentado la poca agilidad y la larga carrera de obstáculos con la que se topan aquellos que llegan a España huyendo de su país.

De hecho, los migrantes extracomunitarios padecen más exclusión que el resto en todas las esferas de la vida cotidiana, aunque las que más se acentúan son la de la vivienda, donde el 69% que la sufre son personas de este colectivo, y la exclusión política, que representa el 66%. Esto implica que, por ejemplo, aunque residen en el país, no tienen derecho a voto.

La entidad denuncia como, implícitamente, se van vulnerando los derechos de los migrantes. Para poder obtener la autorización de residencia y trabajo temporal es necesario demostrar que hace tres años que se vive en el país, con lo que estas personas viven "invisibilizadas" durante ese tiempo.

Existe un mercado de vivienda, ha apuntado la jefa de análisis social e incidencia de Cáritas Barcelona, Miriam Feu, que los excluye y los aboca a vivir "en situaciones de calle" o a buscar una habitación compartida en un piso de realquiler.

Ante esta situación, encuentran dificultades para encontrar una vivienda y un trabajo digno, cosa que tampoco les permite empadronarse. El padrón, ha remarcado Feu, "es la puerta de acceso a muchos otros derechos".

"Hemos normalizado que los migrantes tengan problemas para que sus derechos sean reconocidos", han advertido desde Cáritas, y han alertado que la crisis sanitaria ha afectado aún más a este colectivo, que subsistían mayoritariamente gracias a la economía informal. Ahora, sin ingresos y sin acceso a prestaciones, se encuentran desprotegidos ante una "administración ausente".

Muchas de las prestaciones, ha detallado Feu, deben solicitarse a través de internet, una conexión de la que una de cada tres personas atendidas por Cáritas no dispone.

El director de Cáritas Barcelona, Salvador Busquets, ha pedido a la Generalitat que garantice el acceso a los servicios sociales de los migrantes que se encuentran en situación de irregularidad, a la vez que ofrezca una mayor protección a los menores no acompañados.

En la lista de demandas, también se ha dirigido a las administraciones locales, a quien ha pedido que facilite la tramitación de los informes de extranjería y asegure que todas las personas que viven en un municipio tengan el padrón.