En América Latina y el Caribe, 45 por ciento de los niños se ve afectado por al menos una privación moderada o grave en sus derechos, lo que hace que casi 81 millones de menores de 18 años se encuentren en situación de pobreza infantil. Así lo revela un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que desarrolla una medición y diagnóstico de la pobreza infantil desde un enfoque de derechos en la región y busca proponer recomendaciones de política pública para su superación. El documento “Pobreza infantil en América Latina y el Caribe”, advierte gran heterogeneidad entre países: en Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú, más de dos tercios de los niños son pobres. Por el contrario, en Chile, Costa Rica y Uruguay, menos de uno de cada cuatro niños sufre pobreza infantil. En el caso de México, 40.4 por ciento de ellos está en situación de pobreza, por debajo de la media de la región, que es de 45 por ciento. El estudio, realizado entre 2008-2009, midió múltiples dimensiones de la pobreza infantil en América Latina y el Caribe, vinculando cada una al cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, vigente desde 1989. El análisis consideró factores como la nutrición, el acceso a agua potable, la conexión a servicios de saneamiento, la calidad de la vivienda y el número de personas por habitación, la asistencia a la escuela y el acceso a medios de comunicación e información, cuya privación contribuye a un cuadro de pobreza. Además, el nivel de ingresos de sus hogares y la capacidad potencial de que estos recursos puedan satisfacer sus necesidades básicas, refirió la Cepal en un comunicado. “A fin de eliminar el flagelo de la pobreza infantil, los gobiernos deben integrar las políticas sociales, las políticas de empleo y las políticas macroeconómicas”, afiman la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, y el director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Bernt Aasen, en el prólogo. Esto requiere asignar mayores recursos para promover los derechos de la infancia, asegurar un entorno protector, aumentar la provisión y la calidad de los servicios, como también ampliar los sistemas de protección social. En materia de políticas públicas, el informe indica que para avanzar en la superación de la pobreza infantil es necesario invertir en la infancia y reducir las persistentes desigualdades socioeconómicas, territoriales, étnicas y de género presentes en todos los países de la región. El proceso debe realizarse desde las edades más tempranas de modo de romper la reproducción intergeneracional de la pobreza, puntualiza. Detalla las intervenciones públicas a nivel multisectorial que deberían ponerse en marcha para eliminar la pobreza infantil, especialmente asegurar los derechos a la alimentación y a la salud, al agua, al saneamiento, a la educación y a la información.