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Sugieren arbitraje para garantizar inversiones en América Latina

16/03/2011 03:32 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El arbitraje es la herramienta a la que los empresarios españoles pueden recurrir para garantizar el desarrollo de sus inversiones en América Latina, sugirieron hoy aquí representantes institucionales y especialistas. En el encuentro “Iberoamérica Empresarial” organizado por el diario Expansión y el Instituto de Empresa (IE), los participantes coincidieron en que no se puede hablar de un mismo nivel de protección de inversiones en la región, sino que varía según la situación de cada país. El director para Europa de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Germán Jaramillo, explicó que una de las experiencias para ayudar que los países latinoamericanos “impulsen una mayor responsabilidad ante las inversiones, es el arbitraje”. Indicó que la entidad multilateral exige en cada uno de sus contratos la cláusula compromisoria que permita una mayor seguridad a las partes, al momento en que se concreta un proyecto de inversión (la mayoría de los de CAF son para infraestructuras). “El arbitraje es lo que mejor puede dar seguridad al inversionista”, indicó al recordar que la entidad participa con la Escuela Iberoamericana de Árbitros, con sede en Bogotá, a fin de “contribuir a que procesos (de inversión) sean confortables para todos”. Reconoció hay necesidad de avanzar más en los “mecanismos de estabilidad para reglas del juego”, pero a la vez “impedir que dicha estabilidad sea inamovible, que no sea camisa de fuerza ante el Estado, que no implica regímenes jurídicos particulares, y prevenir situaciones de inequidad ante asociados”. El representante del despacho BDO Abogados y Asesores Tributarios, José Ramón Cadalla, indicó que se observan mayores problemas con las pequeñas y medianas empresas que con las grandes que acuden a licitaciones que tienen procesos más transparentes. Comentó que se sugiere a las pymes “que se mimeticen en el paisaje” y que busquen alianzas, además “someter las diferencias a arbitraje”. El representante del despacho Solchaga Recio & Abogados, Jonás Fernández Álvarez, apuntó que las estadísticas presentan variaciones importantes, pero con Chile como el país mejor situado para la protección de inversiones, y Venezuela como el menos recomendado. Explicó que muchos países han reportado retrocesos en materia de seguridad o en fortaleza de su Estado de derecho, “pero es contrario al crecimiento de sus economías en los años recientes”. La senadora por el opositor Partido Popular (PP) de España e integrante de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, María José de la Fuente, informó sobre una encuesta realizada entre empresas e instituciones académicas sobre cómo mejorar la actividad de compañías en el exterior. Indicó que las recomendaciones de las empresas pasan por “aumentar puentes entre cooperación al desarrollo y la actividad privada, lo que puede traducir el déficit de infraestructuras en oportunidades de negocio para España”. Destacó que las empresas piden más ayuda del gobierno al momento en que se presenta un problema con los gobiernos latinoamericanos. Sobre el vínculo de la cooperación al desarrollo con las actividades de las empresas españolas, reconoció que es algo que otros países como Francia hacen (obliga que la cooperación vaya de la mano de sus empresas) y que “es un camino que se va a tener que recorrer”. El profesor de derecho de la IE, Francisco Marcos, reflexionó sobre la falta de seguridad jurídica para las inversiones, que mientras para un jurista puede ser un problema, para algunos empresarios podría ser una “oportunidad con riesgos” para sus negocios. Consideró que no es bueno establecer “rankings” de la materia, ya que en algunos que se han realizado hay factores muy variables y eso es relativo, pero un común denominador es que la falta de seguridad no es por falta de leyes, sino por exceso de normas. Refirió que la informalidad es un ejemplo de ello, y que en muchos países hay capas económicas que viven sin cumplir normas o estar dentro de esquemas jurídicos, lo que se podría cambiar “sólo desde las políticas públicas como la educación, la salud y la cultura”.

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