A continuación reproducimos íntegra la carta: Guadalajara, Jalisco, México. A 12 de marzo de 2013

Ministro Sergio Armando Valls Hernández

Ministro Luis María Aguilar Morales

Ministro José Fernando Franco González Salas

Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos

Ministro Alberto Pérez Dayán

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - SEGUNDA SALA

P R E S E N T E S

Respetables Ministros/as,

A continuación queremos referirnos a lo que consideramos supone «una grave injusticia socio-ambiental» provocada por la imposición del proyecto intergubernamental de la presa El Zapotillo y que ustedes conocen a través del expediente 69/2012 radicado en esta Segunda Sala de Justicia.

En tanto nadie de quienes suscribimos este documento hemos litigado el caso, nos encontramos imposibilitados de ofrecer argumentos técnico-jurídicos a la altura de este Tribunal; en cambio, por medio de la presente comunicación deseamos compartir con ustedes una serie de breves reflexiones que son producto tanto de nuestra experiencia como del análisis y conocimiento concreto de este conflicto. Esperamos que algunas de ellas puedan contribuir a dar razón de su posición final.

Como sucede con otros conflictos socio-ambientales en México, las pretensiones de justicia –frente a las injusticias socio-ambientales- suelen ser reivindicadas por los más pobres y desfavorecidos de un modelo de desarrollo económico cuyos principales actores, entre quienes se encuentran los gobiernos, son incapaces de entender que los seres humanos y los bienes comunes naturales no pueden ni deben ser instrumentalizados.

Con el ánimo de resistir a los efectos de ese modelo e intentar incorporar sus pretensiones en la agenda política, las comunidades afectadas por el proyecto de la presa El Zapotillo –quienes han sido sistemáticamente excluidos de los procesos de toma de decisiones y participación política aun cuando en ello les va la vida- han logrado articular un conjunto de acciones colectivas lo mismo pacíficas que creativas que han dado como resultado que los pueblos amenazados de «Temacapulín, Acasico y Palmarejo» se encuentren hoy más vivos de lo que probablemente hayan estado nunca.

En general, y este caso no es la excepción, los conflictos socio-ambientales no tienen que ver sólo con el conjunto de agravios infringidos a los individuos, a las comunidades y al medio ambiente en sí mismos, sino también con aquello que los antecede, es decir, con la forma en que vivimos, con nuestros patrones culturales, con nuestra ciencia y tecnología (o con como se aplica) y también con cómo, a quién y qué se tiene en cuenta en el proceso de toma de decisiones, valga decir, con nuestro modelo de democracia. Consideramos por lo tanto que es un asunto de interés público.

A pesar de ello, el conflicto en torno a El Zapotillo no es sólo ideológico o, si se prefiere, no es sólo sobre posiciones éticas y/o políticas. Sin duda lo es pero también, sin duda, hay razones materiales para su existencia. Bajo esta lógica, la disputa sobre la presa El Zapotillo se desencadena por la amenaza de desalojo e inundación de «Temacapulín, Acasico y Palmarejo» y se desarrolla en un contexto de múltiples violaciones a los derechos civiles, políticos, sociales y ambientales y de los ciudadanos de esas comunidades. De ellas da cuenta el expediente que tienen en sus manos.

Al mismo tiempo, partir de lo que la ciencia ha hecho evidente, nosotras y nosotros queremos señalar que creemos que en lo fundamental la sustentabilidad es un asunto de interacción entre la sociedad y la naturaleza y en lo que toca al conflicto sobre El Zapotillo, estamos convencidos de la ausencia de consideración del mundo natural como una realidad políticamente relevante para decidir sobre cuestiones de proyectos institucionales. En un contexto como el de cambio climático en el que globalmente nos encontramos colocados todas y todos, la construcción de presas como política pública resulta, en virtud de las afectaciones ambientales que generan, intolerable y obsoleta. Consideramos fundamental buscar otras alternativas para la gestión del agua, en donde se respeten y garanticen los derechos humanos de todas las personas.

No puede argumentarse el beneficio de una obra en perjuicio de los derechos humanos de las personas, como no existe una jerarquía abstracta entre los derechos, debe dejarse atrás la proporcionalidad clásica de costes-beneficios, por un parámetro de ponderación constitucional; y que éste sea entendido como un canon de control constitucional autónomo con base en y exigido por la Constitución, que se identifica con el contenido esencial de los derechos.

Es ahí donde la Suprema Corte está llamada a encontrar el equilibrio entre los intereses de diversos sectores sociales dentro de un marco de respeto a los derechos fundamentales, haciendo eficaz los escasos mecanismos de control existentes respecto de la actuación de autoridades como puede ser la Controversia Constitucional, evitando así la violación de los derechos humanos, tal y como lo señalaron en su Dictamen los jueces que integraron la Preaudiencia "Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad" de la Mesa de Devastación Ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos, México realizada en Temacapulín en noviembre de 2012 y que se encuentra en el expediente de la Controversia.

A diferencia de lo que suele ocurrir en otros casos similares en donde el conflicto gira en torno a la compensación económica exacta a pagar por una externalidad negativa, en el caso que nos ocupa el conflicto emerge precisamente porque esa compensación –sea la que sea- es insuficiente para las personas afectadas. Ellos han dicho «NO A LA PRESA EL ZAPOTILLO» y «NUESTRA TIERRA NO SE VENDE». Por eso creemos que cabe preguntar ¿quién, en un contexto democrático, continua acumulando suficiente poder como para tomar decisiones que impliquen la desaparición de pueblos y culturas? También queremos preguntarles si ¿los lenguajes de sacralidad sobre un territorio, las necesidades de subsistencia de una población o los derechos territoriales de los pueblos serán capaces de prevalecer sobre la decisión adoptada por las autoridades y las corporaciones que a través de una racionalidad económica invocan el lenguaje del crecimiento económico perpetuo?

Señora y señores Ministros, nosotros consideramos que una democracia que se pretenda vigorosa debe intentar, con todos los medios a su alcance, proteger los derechos de las minorías en los procesos de toma de decisiones. Creemos que ustedes tienen la oportunidad histórica de reivindicar, con su decisión, a un Estado Mexicano que bastante ha vulnerado los derechos y la dignidad de los ciudadanos de las comunidades de«Temacapulín, Acasico y Palmarejo» afectadas por el proyecto de la presa El Zapotillo que se construye en total ilegalidad. Esperamos que así sea. Estaremos atentos.

A T E N T A M E N T E,

Académicos: Adolfo Gilly, Gilberto López y Rivas, Magdalena Gómez Rivera, Francisco López Bárcenas, Mario Edgar López Ramírez, Jorge Peláez, Miguel Ángel Casillas Báez, Marisol Anglés Hernández, Luciano Concheiro, Agustín Ávila Romero, Francisco Valdez Perezgsga y Pedro Arrojo Agudo (España).

Periodistas: Ricardo Rocha.

Escritores: Paco Ignacio Taibo II.

Actores / Actrices: Ofelia Medina, Daniel Gimenez Cacho, Bruno Bichir, Julieta Egurrola, Cecilia Sotres Castillo (Las Reinas Chulas), Ilse Salas y Ana Francis Mor.

Músicos: Rubén Albarrán (Café Tacuba), Yocupitzio Arellano (Grupo Los de Abajo).

Ambientalistas: Oscar Olivera Foronda, Marcelo Rojas, Aniceto Hinojosa, Bolivia.

Derechos Humanos, General Francisco Gallardo, Adelita San Vicente, Jesús Robles Malof, José Alejandro Sandoval Torres, German Ortiz Coronel, Adelina Gómez, Marín.

Integrantes del Colectivo de Estudios Críticos en Derecho RADAR, Mylai Burgos, Rodrigo Gutiérrez, Liliana López, Jorge Peláez, Edmundo del Pozo, Aline Rivera y Silvia Ruiz.

Red de Vigilancia Interamericana por la Defensa y el Derecho al Agua, RED VIDA:

Bloque Popular, Honduras.

CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra, Colombia.

Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Uruguay.

Confederación Continental de Trabajadores y Trabajadoras de los Sindicatos de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente, Perú.

Corporación ECOFONDO, Colombia.

Corporación Ecológica y Cultural penca de Sábila, Colombia.

Federación de Funcionarios de las Obras Sanitarias del Estado (FFOSE), Uruguay.

Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable del Perú (FENTAP), Perú.

Fundación Abril, Bolivia.

Guerreros del Agua, Bolivia.

Inquilinos de Cochabamba, Bolivia.

Sindicato de Trabajadores de Acuavalle (SINTRACUAVALLE), Colombia.

Movimiento Mexicano de Afectados por la Presas y en Defensa de los Ríos – MAPDER: Centro de Justicia Ambiental (Guanajuato), Colectivo Regional Defensa Verde (Veracruz), Colectivo Revuelta Verde (Sonora), Grupo Ecológico Ecomanglar (Nayarit), Instituto de La Ventana (Oaxaca), La VIDA (Veracruz), Servicios Para una Educación Alternativa - EDUCA (Oaxaca).

Espacio de Organizaciones por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales - ESPACIO DESC (Conformada por 17 organizaciones a nivel nacional): Casa y Ciudad (Distrito Federal), Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh (Distrito Federal), Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos – CAM (Distrito Federal)-Centro de Investigación y Promoción Social – CIPROSOC (Distrito Federal), Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo – CEREAL (Distrito Federal), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – CMDPDH (Distrito Federal), Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los DESC – CEJUDESC (Querétaro), Defensoría del Derecho a la Salud (Chiapas), Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios Equipo Pueblo - DECA Equipo Pueblo (Distrito Federal), Food First Information and Action Network México - FIAN Sección México (Distrito Federal), Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ – IDHIE (Puebla), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia – IMDHD (Distrito Federal), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario – IMDEC (Jalisco), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos – LIMEDDH (Distrito Federal), Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional para el Hábitat – HIC AL (Distrito Federal). Radar-Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (Distrito Federal).

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República): Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Bowerasa, A.C. "Haciendo Camino". (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro "Fray Julián Garcés" Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Don Sergio" (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos "Fray Matías de Córdova". A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, "Juan Gerardi", A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas "Flor y Canto", A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco", A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos "Martín de Tours", A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos "Sierra Norte de Veracruz", AC. 4 (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua – COMDA. (Conformada por 26 organizaciones a nivel nacional): Agua, Trabajo, Servicio y Vida A.C., Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL, A.C.), Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS, A.C.), Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A.C., Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A.C., Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM), Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI), Colectivo Educación para la Paz y Derechos Humanos (CEPAZ DH), Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (RADAR), Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA A.C.), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), DECA Equipo Pueblo A.C., Enlace Rural Regional A.C. (ERRAC), Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), FoodFirstInformation and Action Network sección México (FIAN México), Guardianes de los Volcanes A.C., Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra, Red Género y Medio Ambiente (RGEMA), Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado de Guadalajara (SEPSIAPA), Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), y como Aliado internacional: Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL).

Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización – FADAP (Conformada por 27 organizaciones del estado de Jalisco): Casa Ciudadana en Defensa de la Economía, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Ciudadanos por el Medio Ambiente (CIMA), Colectivo Arte y Cultura por la Evolución, Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia Santa Margarita, Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia San Sebastián, Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia Lomas del Gallo, Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia El Campesino, Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia Loma Bonita, Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia La Magdalena, Comité de Vecinos en defensa del Agua del Parque de la Solidaridad, Comunidad Wixarika de Santa Catarina, Fundación Lerma- Chapala- Santiago, Instituto de Investigación del Cáncer Biosmedica, A.C. (INICABI), Instituto de Investigación en Salud Ocupacional, Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC), Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental, A.C. (VIDA), La Otra Jalisco, Mesa de Ecología de la Asamblea Popular Jalisco, Movimiento Ciudadano, NO al Nuevo Acueducto, SI al Lago de Chapala, Organización Juvenil de Comunistas en México, Parlamento de Colonias, Red de Investigadores Sociales del Agua, Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado (SEPSIAPA), Unidad Social para el Desarrollo Integral Comunitario, A.C. (USDIC).

Organizaciones: Asociación Nacional de Abogados Democráticos ANAD, Abogadas y abogados para la Justicia y los Derechos Humanos A.C., Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, A.C., Campaña Nacional Sin Maíz no hay País., Grupo de Estudios Ambientales GEA, A.C., Vía Orgánica. Servicios y Asesoría para la Paz, (SERAPAZ)., bionero.org

Ccp. Ministros/as de la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ccp. Lic. José Arturo Luis Pueblita Pelisio, Secretaría de la Presidencia

Ccp. Lic. Claudia Alatorre Villaseñor, Secretaria Técnica de la Presidencia

Ccp. Dr. Carlos Pérez Vázquez, Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia

Ccp. Lic. Jorge Camargo Zurita, Dirección General de Comunicación y Vinculación Social

Ccp. Lic. Marco Antonio Cepeda Anaya, Sección de Tramite de Controversias Constitucionales

Ccp. Lic. Jonathan Bass Herrera, Secretario de la Ponencia del Ministro José Fernando Franco