El juicio contra campesinos paraguayos acusados de la llamada Matanza de Curuguaty, que costó la vida a seis policías y 11 agricultores en 2012, fue suspendido este lunes luego que los acusados renunciaran a la defensa de sus abogados.

"Hasta el domingo estábamos hablando con nuestros clientes y hoy, sorpresivamente sin decir una sola palabra, nos enteramos de esto. No tenemos más nada que hacer en esta causa", dijo el abogado Guillermo Ferreiro, al abandonar la sala de juicios orales.

La matanza de 17 personas se produjo el 15 de junio de 2012 en Curuguaty, 250 km al noreste de Asunción, en medio del desalojo de una propiedad privada.

Los abogados de los acusados habían sido denunciados por la fiscalía por intentar retardar el juicio que debió haberse comenzado hace dos años, y la Corte Suprema les había advertido que podría retirarles la matrícula.

El caso tuvo un fuerte impacto institucional, ya que originó un juicio político que derivó en la destitución del expresidente de izquierda Fernando Lugo.

Lugo fue depuesto por el Congreso el 22 de junio de 2012 en un proceso que no fue reconocido por los presidentes del Mercosur, la mayoría de la Unasur, además de Cuba y Nicaragua. Estos retiraron de Asunción sus embajadores hasta la elección del nuevo jefe de Estado, Horacio Cartes, en agosto de 2013.

La sala del juicio, con 12 personas en el banquillo de los acusados, estaba atestada de simpatizantes del expresidente Lugo, constató la AFP.

"Esperamos que esta gente no sea condenada por causas que no cometieron", dijo Nora Morales de Cortiñas, miembro de la organización argentina Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

La mujer dijo haber viajado a Asunción para presenciar el juicio como observadora.

En tanto, el fiscal de la causa, Jalil Rachid, dijo que tenía evidencias para condenar a nueve de los acusados por los crímenes expuestos.

"Tenemos elementos probatorios para demostrar que en este caso hubo invasión de inmueble. Los policías fueron los primeros en caer. Eran policías desarmados que fueron a negociar. También hubo campesinos muertos porque hubo una lógica reacción de las fuerzas uniformadas", explicó Rachid en rueda de prensa.

Ante la renuncia a sus abogados, el Estado designó un defensor público para los acusados.

"Estamos injustamente detenidos. En Paraguay no hay justicia", dijo Rubén Villalba, un militante rural acusado de otras ocupaciones ilegales de tierras y señalado como cabecilla de los hechos.