Al grito de "¡Fuera Uber de Argentina!", miles de taxistas se movilizaron el viernes contra la multinacional de transporte, en protesta por un juez que la habilitó a operar pese a que el gobierno la considera fuera de la ley.

Con banderas negras y amarillas, el color de los 38.000 taxis de la capital argentina, el sindicato y la cámara de propietarios marcharon a pie y en vehículos hacia los Tribunales, tras haber apelado el fallo judicial.

"Es una empresa fantasma totalmente ilegal", dijo en una rueda de prensa organizada en medio de la movilización Omar Viviani, líder del sindicato. El gremialista recordó que Uber "trabaja aunque tiene las tarjetas de crédito suspendidas" por la justicia.

La nueva ola de protestas se desató cuando el juez Luis Zelaya señaló el lunes en un fallo que en la operatoria de la multinacional hay "inexistencia de delito".

Uber, que capta a sus usuarios a través de una aplicación descargada en los teléfonos celulares inteligentes, ofrece viajes a la mitad del precio.

La compañía opera en más de 400 ciudades en el mundo con un multimillonario capital patrimonial, según la firma. Buenos Aires es una de las megalópolis de Latinoamérica, con más de 13 millones de habitantes si se incluye la periferia.

Los autos de Uber toman clientes sin tener seguro de vida, pagar ningún tipo de impuesto, ni pasar por las revisiones técnicas de seguridad.

La compañía tampoco está registrada fiscalmente, carece de domicilio legal y no realiza sus pagos por canales bancarios, por lo cual opera como "grupo pirata", según denunciaron los manifestantes.

Las autoridades comunales declararon a Uber al margen de la ley, pero admitieron que tienen dificultades para capturar a los vehículos que circulan sin identificación.

Desde que Uber llegó a Argentina en abril, se desató una puja con los conductores de taxis que pagan impuestos y mantienen sus unidades bajo inspección y control comunal.

Marchas con millares de taxistas contra este servicio se han realizado en Madrid, Bogotá, Yakarta, San José de Costa Rica, Londres y Sao Paulo, entre otras ciudades. En Estados Unidos soportan denuncias judiciales por abusos.