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Agencias /Grupo Crónicas Revista

La Troika, constituída por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), consideran que el programa de rescate pactado con Portugal "sigue por la buena dirección para concluirse", pero han advertido de que quedan riesgos "importantes" tras la impugnación por el Tribunal Constitucional luso de algunas de las medidas del mismo, como los recortes en las pagas de funcionarios y pensionistas.

Tras visitar Lisboa entre los días 22 de abril y 2 de mayo los representantes de la Troika han llegado a la conclusión de que este año y el 2015 se producirá una "recuperación económica moderada" en Portugal porque las exportaciones del país siguen creciendo y la inversión privada y el consumo han comenzado a recuperarse.

Los expertos económicos aseguraron en un comunicado que el desempleo seguirá cayendo más y confirmaron los objetivos de déficit del 4% del PIB para el 2014 y del 2, 5% para el año que viene.

Dos resoluciones del Tribunal Constitucional contra medidas impuestas por la Troika

Sin embargo, no les gustó las dos resoluciones que adoptó el alto tribunal luso el año pasado contra los recortes sociales.

En Diciembre 2013, el Tribunal Constitucional de Portugal tumbó otra importante ley prevista del Gobierno luso, relativa en este caso al presupuesto del 2014, que afectaba a los jubilados de la función pública. El decreto examinado, bajo una acción preventiva de constitucionalidad, pretendía reducir en un 10% las pensiones a los funcionarios jubilados a fin de equipararlas (en lo bajo) a las del resto de los trabajadores portugueses.

La decisión de los magistrados, tomada por unanimidad a finales del año pasado, asegura que el texto viola el "principio constitucional de confianza", esto es, el que ampara los hechos "jurídicamente definidos en el pasado". El tribunal también añadió que estos pensionistas "que pertenecen a una franja de población vulnerable, crearon sus expectativas de vida basándose en el montante de estas pensiones".

Seis meses antes, el Tribunal Constitucional había emitido otra sentencia ("acordao") por la cual tumbó una de las medidas más importantes del presupuesto de 2013, esto es, la retirada de las pagas extras a funcionarios y pensionistas.

Estas decisiones podrían suponer, según la troika, riesgos "importantes" para el presupuesto luso por que "pueden contribuir a presiones para la sustitución de medidas de calidad más elevadas por medidas de menor certidumbre y calidad".

También advierten de que las cuentas pueden verse afectadas por posibles cambios en el tratamiento de activos fiscales diferidos, todavía bajo consideración, y el tratamiento estadístico de los esfuerzos para gestionar de forma más eficiente la deuda de algunas empresas públicas, aunque admiten que el Gobierno de Lisboa ha presentado una estrategia fiscal a medio plazo hasta el 2018 que cumple los compromisos de acuerdo con el programa de rescate.

En relación al sector bancario, avisa de que las condiciones de financiación de la economía lusa "siguen siendo difíciles", si bien admiten que la recapitalización de los bancos ha sido reforzada de forma "significativa" en caso de que sean necesarias inyecciones de capital adicionales y que el acceso del país a los mercados de deuda soberana ha ido mejorando gracias al aumento de la demanda de los inversores y la caída "aguda" de la prima de riesgo.

Si los ministros de Economía de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional aprueban la conclusión de la duodécima revisión del programa de rescate a Portugal en junio, habría luz verde para el desembolso de otros 2.600 millones de euros del rescate total de 78.000 millones. La UE aportaría 1.700 millones del tramo y el FMI otros 900 millones.

Sin embargo, frente a esta versión puramente economicista y técnica de la troika hay que resaltar que el Tribunal Constitucional portugués demuestra:

1.- independencia de los criterios políticos como cuando tuvo ocasión de invalidar el presupuesto para 2013 en el aspecto relativo a la retirada de pagas extras a funcionarios y pensionistas. Es refrescante imaginar una "revolución de las togas" que sigue la estela de la "revolución de los claveles".

2.- demuestra una celeridad envidiable ya que se pronuncia, y anula, el presupuesto para 2014 en cuanto a este recorte de pensiones.

3.- aplica el principio de confianza legítima nacido y vigente de la mano del Derecho Comunitario, que permite una lectura garantista y extensiva del principio constitucional de seguridad jurídica, además de estar positivizado en el marco normativo interno.