El diputado Héctor Rodríguez del PSUV, formuló ante el TSJ recurso de nulidad contra el acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional relacionado con el proceso que se adelanta en la OEA, sobre la activación de la Carta Interamericana al gobierno de Nicolás Maduro, por negarse a convocar elecciones, desconocer a los demás poderes públicos nacionales e ignorar la necesidad de un canal humanitario para apoyar a Venezuela por la crisis social que viven sus ciudadanos.

En ese sentido, los Magistrados de la Sala Constitucional decidieron, excediendo flagrantemente sus competencias, delegar en el Presidente de la República la facultad legislativa, que constitucionalmente le está atribuida de manera exclusiva a la Asamblea Nacional, para que el Poder Ejecutivo Nacional, sin ningún tipo de habilitación o control, pueda modificar leyes nacionales, en el marco de la “guerra mediática organizada internacionalmente” que está sufriendo el país.

En consecuencia, podrá el Presidente de la República, sumando a este argumento el irrito decreto de emergencia económica, modificar leyes y hasta crear nuevas normas de rango legal (sustantivas y adjetivas), para contrarrestar las supuestas acciones injerencistas que denuncian estar recibiendo por parte de otros Estados de la región, aunado a la advertencia que pudieran estarse cometiendo delitos militares, dejando entrever nuevamente la reiterada y gastada tesis de un supuesto golpe de Estado.

Sin lugar a dudas, esta sentencia convierte al Poder Legislativo Nacional en un cascarón vacío, ya que expresamente la competencia legislativa, que solo había sido bloqueada al decretar como inconstitucionales las leyes ya decretadas por el parlamento, ahora le es traspasada ilegítimamente al Presidente de la República, quien sin ningún tipo de límite temporal o material, podrá crear, modificar o derogar leyes nacionales, convirtiéndose en un Jefe de Estado y de Gobierno con absolutos y plenos poderes, circunstancia que ni en la dictadura cubana, ni en el régimen de Corea del Norte, detentan sus Jefes de Estados.

Por otro lado, la Sala Constitucional aprovechó la coyuntura para derogar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional, explicando que el parlamento se encuentra "inactivo", porque a criterio del TSJ, debe reinstalarse Ramos Allup, desincorporar a los diputados de Amanzonas, instalarse una nueva Junta Directiva y en ese orden cesar el pretendido desacato; y por ende, sus miembros al estar en el mismo desacato, no pueden gozar de las prerrogativas de su cargo, lo que conlleva a que puedan ser investigados penalmente, imputados, capturados, procesados y hasta condenados, sin que medie el procedimiento especial que protege a los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones.

Esto no es más que la última estocada que el gobierno nacional, a través de un tribunal que está sirviendo como ejecutor directo de la represión, el atropello y la anarquía de un agonizante régimen, le propinó a una oposición que por sus divisiones internas, conflictos ideológicos, falta de confianza y dispersión de energías, no ha logrado capitalizar el descontento generalizado que los venezolanos exclaman contra el gobierno de turno.

Ciertamente cuando los infames llegan al poder intentan revestir sus nefastas actuaciones con el velo de la legalidad, y este gobierno ha encontrado en el TSJ la oportunidad de acabar, ignorando los principios constitucionales de autoridad de la ley y de separación de poderes, con la Asamblea Nacional Venezolana, que es el órgano de representación más importante del país, y cuya escogencia es más reciente que cualquier otro poder público actual de la nación, lo que le otorga mayor legitimidad que a otra autoridad venezolana.

Aspiremos como pueblo que estás canalladas sean los vestigios del fin, sin embargo, hay que exigir a los dirigentes opositores que comprendan reflexivamente que los intereses personales deben ser supeditados por un bien mayor: a la reconstrucción de la patria y a la renovación estructural del país, porque si no existe una fuerza cohesionada que pueda hacerle frente a la dictadura, pues su final será más largo y los costos cada vez mayores.

Marco Tulio Soto Villalobos

@marcotuliosoto