Ankara tachó de "decisión política" el fallo del Tribunal Supremo de no extraditar a los ocho oficiales turcos que llegaron a Atenas el 16 de julio de 2016 en un helicóptero y acusó a las autoridades griegas de haber rehuido "una vez más de cumplir con los mínimos necesarios de cooperación vecinal en materia de lucha antiterrorista".

En ese sentido, la nota recuerda que los tribunales griegos impidieron la extradición de miembros del Partido Revolucionario Liberación del Pueblo DHKP-C y del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerados "terroristas" por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) el primero, y por la UE y Turquía el segundo.

La Cancillería turca aseguró que insistirán ante la Justicia griega para que "repatrien a los acusados", pese a que la decisión del Tribunal Supremo es inapelable.

El tribunal aceptó los argumentos de la defensa que aseguró que en su país los militares no tienen garantizado un juicio justo y podrían ser objeto de tortura o incluso perder su vida.

Los fiscales había solicitado no extraditar a los militares, una postura que defendieron numerosos juristas en Grecia, así como asociaciones de defensa de los derechos humanos y un colectivo de víctimas de la tortura durante la dictadura griega.