El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez-Icaza, se pronunció porque el Estado reconozca y documente las violaciones graves a las garantías, con el fin de lograr la reparación del daño y que sean las víctimas el centro de atención. Explicó que las víctimas no son sólo las personas, sino sus familias y comunidades, "porque las violaciones graves representan la ruptura salvaje del tejido social, dado que un caso de abuso del Estado pone en indefensión a toda la sociedad". En la inauguración del seminario "Atención integral a la afectación psicosocial de víctimas de violaciones a los derechos humanos", pidió que el Estado asuma su responsabilidad, no sólo en términos de la reparación del daño sino de buscar la garantía de no repetición. Ante miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas de violaciones, precisó que eso deber hacerse a través de de la justicia, de reivindicar la imagen de las víctimas y de sancionar a los culpables. El ombudsman capitalino pidió además la implementación de mecanismos de control y el mejoramiento de procesos en las dependencias, así como generar protocolos del derecho internacional para documentar de manera eficaz y eficiente las violaciones y no negar o reproducir esas prácticas. "Los casos paradigmáticos de violaciones graves a los derechos humanos son usados por los perpetradores como un mensaje de contención en el ejercicio de libertades y derechos; por eso debemos tener la capacidad de documentar, sustentar y debatirlos", subrayó. La delincuencia organizada, agregó, en algunos casos con la posible coparticipación de algunos servidores públicos y la omisión del Estado en la investigación, refuerza el ciclo de impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos. Puso como ejemplo la negación de los Ministerios Públicos a calificar "las cosas por su nombre y siguen recodificando el delito de tortura como abusos de autoridad o lesiones". "Hemos llegado a casos donde el Ministerio Público califica en esos términos y los jueces recalifican, todavía sin reconocer el profundo daño psicológico que se genera en determinados procesos de violaciones graves a los derechos humanos", puntualizó.