Las actividades que se suspendieron  desde marzo pasado en el sistema judicial mexicano, lo mismo en los Tribunales Superiores de Justicia de los estados en la república, así como en la ciudad de México y en el Poder Judicial de la Federación (Juicios Federales y de Amparo) han provocado una acumulaciones de casos  (expedientes)excesiva, esto en todas las ramas jurídicas, Civil, Penal Mercantil etc. y aunque si bien he cierto que en materia penal, alguna de esas actividades han seguido funcionando, pero solo en casos considerados urgentes (ordenes de aprehensión, audiencia inicial, presentación de amparos etc.) lo cierto es  que la actividad jurisdiccional es necesaria e imprescindible, por lo tanto esta debe funcionar en todas sus áreas y con todas sus capacidades, tomando en consideración que la justicia mexicana siempre ha sido calificada como lenta, burocrática y poco efectiva.

Es claro que al limitar las actividades jurisdiccionales a ‘’solo casos urgentes’’ es poco menos que imposible tener el verdadero acceso a la justicia, tarea que ya se antojaba imposible aun cuando el sistema judicial funcionaba con ‘’normalidad’’.

Todos y cada uno de los expedientes tiene importancia jurídica, sin embargo en los casos civiles, mercantiles laborales etc. sin quitarles importancia ni relevancia, en estos casos el bien jurídico afectado en la mayoría de los casos se refiere a cosas materiales. No así en muchos de  los asuntos de tipo penal donde el bien jurídico afectado es el más preciado por el ser humano después de la vida y este bien jurídico es la LIBERTAD, existen miles de casos a lo largo y ancho de la república mexicana de persona encarceladas y que sus procesos se detuvieron en virtud de que por acuerdos de los diferentes tribunales de justicia, las actividades se vieron paralizadas ( a excepción de casos urgentes) a consecuencia de la emergencia médica provocada por el COVID 19, esto con el fin de evitar la propagación del virus y a su vez mantener a salvo al personal que labora en todos los juzgados tanto civiles como penales, del fuero federal o del fuero común.

Tijuana

Sin embargo si bien he cierto que el COVID 19 no distingue, el acceso a la justicia tampoco debería de frenarse, se deben buscar e implementar las medidas que sean necesarias prevenir el contagio en estos centros de justicia sin afectar la impartición de la misma, como ya se sabe los ‘’Tiempos Procesales’’ están detenidos, esto que quiere decir? Que si una persona que esta privada de su libertad y tenía alguna audiencia ’no urgente’  esta lleva pospuesta varios meses provocando que miles de presos se queden sin el derecho constitucional de un verdadero acceso a la justicia, si bien he cierto que nuestra Constitución establece el derecho a la salud, igual de cierto establece el derecho a una justicia pronta y expedita.

Otra de las consecuencias de esta determinación es la falta de comunicación que existe en algunos centros carcelarios entre los presos y sus abogados, como sucede en la penitenciaria de Tijuana, a raíz de esta pandemia, los abogados defensores muchas veces pasan horas esperando ingresar al centro penitenciario en detrimento claro de lograr una defensa efectiva para sus representados, y sin poder tener acceso a una justicia pronta y expedita como lo establece la Constitución.

Y claro hablamos de presos que tienen procesos pendientes, es decir que NO se les ha encontrado culpables. Es impostergable, la apertura total del sistema judicial, esto claro tomando las medidas adecuadas para evitar la propagación del COVID 19, no pueden existir mexicanos de primera y de segunda, ATENCION, hablamos de persona sujetas a aun proceso penal y que, repetimos no han sido encontradas culpables de ningún delito y que según nuestra propia constitución son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, sin contar con los miles de controversias que ya se han acumulado en los juzgados civiles, si la pandemia no reconoce derechos, la justicia si debería hacerlo   

Penitenciaria