España vendió en 2013 armas por 4.300 millones de euros, duplicando así las ventas del año anterior, según han advertido las ONG Amnistía Internacional, Greenpeace, Oxfam Intermón y FundiPau. En estas ventas hay, además de material de defensa, material antidisturbios y armas de caza y tiro. La Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno español justifica este aumento en un informe al Congreso por el "peso específico" de las transferencias a países como Arabia Saudí, Australia y Emiratos Árabes Unidos por valor de 1.732, 5 millones de euros, un incremento del 44, 5% del total de ese año.

En  opinión de las ONG, es necesario que el Gobierno y el Parlamento españoles garanticen que sus exportaciones de armas,   las autorizadas o las realizadas, "respetan escrupulosamente las disposiciones del Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por España en 2013", por lo que han solicitado al Ejecutivo y a los partidos políticos que modifiquen la legislación española sobre este asunto para "adaptarla a la regla de oro del citado tratado, que supone la no autorización de transferencias de armas para cometer atrocidades".

Así, recuerdan las ONG, que el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), sitúa a España en el séptimo puesto de la lista de los diez principales exportadores de armas entre 2009 y 2013, con un 3% del mercado global, tras Estados Unidos, Rusia, Alemania, China, Francia y Reino Unido y por delante de Ucrania, Italia e Israel.

Las ONG temen que "la política de promoción de las exportaciones de armas del Gobierno español, ayuda a operaciones en que existe un riesgo claro de que el material exportado se use para cometer o facilitar violaciones graves contra los derechos humanos".

Estas cuatro organizaciones han denunciado que las exportaciones españolas de material de defensa han oscilado entre los 383 millones de euros en 2003 y los 4.321 millones en 2013, por lo que han experimentado un aumento  de 3.900 millones en diez años. Y denuncian que "se mantienen algunas tendencias y elementos preocupantes reseñados en años anteriores también en 2013 por el riesgo del uso de dicho material”.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, sin embargo, ha defendido la venta de armas a países que no cumplen los requisitos de la ley española, que prohíbe la exportación de armamento a zonas o estados donde puedan utilizarse para la "represión interna" o "violación de derechos humanos". Organizaciones como Amnistía Internacional y sus colegas, han lanzado una seria advertencias sobre lo peligroso de las decisiones del ministro de la defensa español.

Morenés considera que "cualquier país que esté en Naciones Unidas" y "tienda" a "una situación mejor" puede ser destinatario de armas fabricadas en España, preguntado en la Cadena SER por operaciones de venta a países que puedan usar ese material contra su población, Morenés sostiene que su Gobierno, como otros, entiende que "nada es perfecto en política y en el mundo, pero si al menos se tiende a que las cosas mejoren, pues es bastante admisible" y por tanto es lícito "tener un contacto con ellos a nivel político y también comercial".

Cuando hablamos de comercio de armas no hablamos de libre mercado, así, a secas. Es el Gobierno el que filtra las operaciones, aunque la fabricación de armamento y la negociación con clientes corresponde a empresas privadas. Las compañías se buscan la vida, llegan a acuerdos con Gobiernos, proveedores de ejércitos extranjeros, empresas de seguridad o colectivos interesados. Y ese acuerdo se lleva a una mesa oficial donde se reúnen varios ministerios, que es la única que puede autorizar las operaciones. Una por una.

Esa mesa es la de la JIMDDU (Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Defensa y de Doble Uso), un órgano integrado en el organigrama del ministerio de Industria, Comercio y Turismo (no del ministerio de Exteriores). Esa mesa la preside la Secretaria de Estado de Comercio y, en su ausencia, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Entre los vocales destacan el Director de Inteligencia del CNI, el de Asuntos Estratégicos y Terrorismo del ministerio del Interior, y otros cargos policiales y comerciales.  Volveremos a este punto, pero antes un poco de historia.

La JIMDUU tiene su origen en la antigua Junta Reguladora de Exportación de Armas y Explosivos, creada en 1971 por el gobierno de Luis Carrero Blanco ante “la importancia cada día mayor” que estaba adquiriendo el comercio de ese tipo de material. En 1978, pocos días antes de la promulgación de la Constitución, el gobierno de Adolfo Suárez convirtió la junta en “interministerial” para “ampliar su campo de acción a todo el comercio exterior” de armas.

Las actas de la JIMDUU son secretas. Aparte de balances semestrales, no hay registro público de las reuniones que se mantienen una vez al mes para analizar y autorizar o denegar las operaciones solicitadas. Las organizaciones sociales plantean que no pueden hacer un ejercicio de seguimiento útil si no conocen las operaciones inmediatamente sino después de haber sido autorizadas

Sin embargo, eso no es lo que dice la ley en España, que no deja el comercio de armas a un asunto de valoración meramente ética: la ley española prohíbe expresamente que el Gobierno autorice venta de armamento si no existen todas las garantías de que ese material no va a ser utilizado para "exacerbar tensiones o conflictos latentes" o "con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos". También se aclara que para juzgar si esos destinos son válidos o no, se tendrá que tener en cuenta a las organizaciones sociales que velan por los derechos humanos en esos destinos.

Precisamente una agrupación de muchas de las organizaciones más importantes en ese campo ya citadas (Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, Greenpeae, Fundació per la Pau y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria) listan cada año operaciones a destinos que no cumplen los requisitos de la ley.

Los 9 destinos de las armas fabricadas en España de 2011 fueron "muy preocupantes" y sobre ellos las organizaciones humanitarias no tienen garantías.

1. Arabia Saudí

España está luchando por cerrar un acuerdo de hasta 3.000 millones de euros para vender 200 tanques Leopard a Arabia Saudí, uno de los países más represores del mundo, que ha endurecido las leyes contra la libertad de expresión. "No vamos a entrar a analizar el régimen político de Arabia Saudí. España apoya a sus empresas", dijo en su momento el ministro de Defensa para justificar la operación, en contra del criterio de la ley, aunque después dijo poder asegurar que "no son para reprimir manifestaciones". Hoy Morenés ha dicho concretamente que "los países que lideran el mundo tienen una relación con Arabia Saudí porque entienden que hay una incorporación de valores que todos querríamos compartir".

En 2011, España vendió a este país 14 millones de euros en material para aeronaves de transporte militar y proyectiles de iluminación, así como "municiones, dispositivos y componentes" para las Fuerzas Armadas. Se autorizaron para 2012 operaciones por valor de 30 millones de euros más, que incluían la exportación de "bombas, torpedos, cohetes y misiles".

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2. Bahréin

Las fuerzas de seguridad de Bahréin han reprimido con mucha dureza durante meses la versión local de la primavera árabe que  buscaba  libertades y democracia. Según denuncia Amnistía Internacional, se produjo "uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos", en los que murieron al menos 47 personas. Más de 2.500 personas fueron detenidas, de los cuales al menos 5 murieron bajo custodia, en un sistema donde la tortura está naturalizada.

A este país, España exportó munición para aeronaves militares por valor de 6, 35 millones de euros en 2011.

3. Colombia

"Aunque el Gobierno manifiesta su compromiso por los derechos humanos", dicen las ONG de la campaña por el control de armas, "ha habido pocas mejoras tangibles". Los grupos guerrilleros, el ejército y los paramilitares siguen violando derechos humanos y el conflicto armado es además criminal con la población civil: homicidios, secuestros, desapariciones, violencia sexual, desplazamientos. Hay negociaciones de paz con la guerrilla, pero los secuestros y las muertes siguen..

España autorizó la venta de 24, 98 millones de euros en material militar a Colombia. Por ejemplo: un avión, repuestos para aeronaves, monóculos y gafas de visión nocturna, munición de piezas de artillería y "una pistola", según consta en los informes oficiales.

4. Egipto

La tortura y los malos tratos siguen siendo un "fenómeno habitual y generalizado" en Egipto, a pesar de la caída del régimen de Mubarak, según Amnistía Internacional. "Se prometió libertad" pero "la dura realidad es que las críticas a las nuevas autoridades no se toleran", dicen las ONG de la campaña de Control de Armas.

A Egipto, España ha vendido casi 70 millones de euros en material militar y se han autorizado 79 millones más para 2012.

5. Estados Unidos

Según Amnistía Internacional no hay "garantías suficientes de que las armas vendidas desde España" a Estados Unidos "no terminen utilizándose" en conflictos muy cuestionados como los de Irak o Afganistán "por algunas de las empresas privadas que operan allí" en nombre del país, como Blackwater (ahora llamada Xé). "Tampoco existen garantías de que no puedan ser transferidas a personas vinculadas al crimen organizado en México", dice su último informe.

Las ventas de material de Defensa de España a Estados Unidos ascienden a 115 millones de euros en 2011 y se han autorizado 177 millones para 2012. El 40% de lo ya vendido ha ido a empresas privadas de seguridad, sin contar armas de caza o tiro deportivo, que se cuentan aparte, en un país donde la tenencia personal de armas está permitida.

6. Ghana

Precisamente en la categoría de armas de caza y tiro deportivo, Ghana recibió material por importe de 7, 5 millones de euros el año pasado. Todos los clientes eran empresas privadas. Este país es uno de los mejores clientes de España, que insiste que el destino de estas armas es "la caza de subsistencia". Sin embargo, las ONG alertan de la "inestabilidad" alrededor del país, con riesgo evidente de fuga de esas armas para uso en países del entorno "en conflicto o postconflicto".

7. Israel

Israel ha sido acusada de crímenes contra la humanidad por la ONU por su acoso militar y humanitario a la Franja de Gaza. España ha autorizado 472.545 euros en exportaciones de armas a Israel, la mayoría a empresas privadas, algunas de ellas proveedoras del Ejército israelí. Se  autorizaron para el año pasado operaciones por valor de 11 millones de euros.

8. México

Las ONG que vigilan el comercio de armas no tienen claro "qué tipo de medidas ha tomado España para asegurarse" de que el material vendido a México por valor de casi 100 millones de euros "no está siendo o va a ser utilizado para cometer violaciones de derechos humanos" en el combate contra los cárteles de la droga con el que el Gobierno tiene una guerra abierta en la que han muerto más de 12.000 personas.

9. Pakistán

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, fuerzas armadas y servicios de inteligencia extranjeros inmiscuídos en violaciones de derechos humanos... Algunas regiones de Pakistán son un polvorín de homicidios cruzados entre bandas rivales.

A lo largo de 2011, este país recibió de España simuladores de vuelo, sistemas de radar y otros materiales de aeronaves por valor de 12 millones de euros. Se autorizaron 10 millones más para 2013, entre los que se encuentran "equipos para entrenamiento o simulación militar".

Además, las ONG reclaman más información sobre las garantías de las exportaciones a otros destinos como Emiratos Árabes Unidos, Perú, Venezuela, Túnez, Turquía, Irán o China. Celebran que se hayan retirado e incluso cancelado operaciones que alimentaban de armamento a países como Libia.

Las bombas de racimo que equivalen a los artefactos antipersona están prohibidas por 107 países... pero menos

Pero llegaban tarde: solo en la primera mitad de 2010, Libia recibió por parte de empresas españolas material militar para aeronaves por valor de 3, 3 millones de euros. Las Fuerzas Armadas de Libia, según los datos oficiales, se gastaron en España casi 7 millones de euros y estaban a la espera de tramitarse operaciones autorizadas por valor de 7 millones más. En 2009, Libia también fue uno de los destinos principales de los materiales de doble uso (policial y militar) fabricados en España: más de 12 millones de euros en radares para navegación y control del tráfico aéreo civil con repuestos para mantenimiento, así como en sustancias químicas para uso académico, según el informe oficial. Una de las empresas que vendió bombas de racimo, antes de que fueran prohibidas, a la Libia de Gadafi fue Instalaza, de la que era consejero el ministro Pedro Morenés.

¿Quién autoriza y cómo funciona la exportación de armas? Pedro de Morenés es un empresario y político del Partido Popular español, ministro de Defensa del gobierno español desde diciembre de 2011.

Pedro Morenés nació en Las Arenas, Guecho, el 17 de septiembre de 1948, en el seno de una familia aristocrática: segundo de los hijos de José María de Morenés y Carvajal, IV vizconde de Alesón, hijo a su vez de Ramón María de Morenés y García-Alesson, III marqués de Grigny, VIII conde del Asalto, Grande de España, II conde de la Peña del Moro y V barón de las Cuatro Torres.

A Pedro Morenés le otorgaron la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica en 2004. Y le hicieron Caballero de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, en 1966. Es licenciado en Derecho, en Dirección de Empresas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto.

Entre 1984 y 1988 trabajó en un bufete de abogados, para pasar, en 1988, a la Empresa Astilleros Españoles S. A., y de ahí, en 1991, al Instituto Nacional de Industria. De 1996-2004 participó en política.

La "carrera" de Pedro Morenés ha estado desde siempre metida de lleno en el negocio del armamento militar. Además de ser representante de Instalaza, ha sido presidente ejecutivo en España de MBDA (uno de los mayores fabricantes de misiles del mundo); presidente de Segur Ibérica, una empresa de seguridad privada con varios contratos con el Ministerio de defensa; presidente de Kuitber, una consultora de defensa; consejero de Aritex, una constructora de diseño industrial con contratos militares, etc.. Pese a las buenas que mantiene con Rajoy, Morenés relaciones nació al mundo de la política de la mano de José María Aznar. Y concretamente, como secretario de Estado de Defensa y Seguridad (año 2000).

Ya en 1996, tras la victoria electoral del Partido Popular, el nuevo Ministro de Defensa Eduardo Serra le nombró Secretario de Estado de Defensa.

En 2000 fue nombrado Secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior, y finalmente, entre 2002 y 2004 fue Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En 2004-2011: volvió al sector privado, primero como Secretario General del Círculo de Empresarios, y desde enero de 2009 como Presidente del Consejo de Administración de Construcciones Navales del Norte y en junio de 2010 como director general para España de la empresa paneuropea de misiles MBDA. Asimismo, desde de agosto de 2005 y hasta el 30 de marzo de 2009 fue consejero de la entidad Instalaza, S.A., la principal fabricante española de bombas de racimo hasta 2008 y venta del lanzagranadas Alcotán. Ocupó ese puesto primero personalmente y, desde el 16 de marzo de 2006, como representante del consejero Boguillas, S. L. Morenés, ministro de "Defensa". Fue también consejero de la empresa de armamento bélico Instalaza entre 2005 y 2007. Después ocupó el puesto de representante hasta el octubre de 2011 según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Sólo dos semanas antes de las elecciones.

En abril de 2011 se supo que munición de racimo fabricada por Instalaza SA estaba siendo utilizada por el entonces presidente libio Muamar el Gadafi contra las tropas rebeldes en la ciudad de Misrata. Las sub-municiones esparcidas por esas bombas tienen un radio de acción de entre el 5% y el 30% por lo que pueden quedar bombas enterradas sin explotar,   peligrosas especialmente para los niños tiempo después de terminada la guerra, porque funcionan como las minas antipersonas y por sus formas llamativas, camufladas como "pelotitas de tenis o latas de refrescos".   Era así como las camuflaba la empresa del ministro.

Una Bomba de racimo o bomba «clúster» es una bomba de caída libre, o dirigida, lanzada desde el aire o desde la superficie, que al alcanzar una cierta altura medida por un altímetro, se abre dejando caer cientos de sub-municiones o bombetas de diversos tipos, de alto poder explosivo, antipista, antipersona, perforantes, incendiarias, etc.

Para algunos, fue creada en la Alemania nazi, pero los nazis emplearon algo parecido la "Bomba mariposa". Es diferente a la bomba de racimo. Fue creada en los años 70 por el científico y químico Chileno Carlos Cardoen, Cardoen produjo cerca de 12 millones de bombas en los años 70 al 90 para su venta bajo la autorización del gobierno Chileno. Este tipo de municiones se encuentran en los arsenales de la mayoría de los ejércitos por su destrucción antipersonal debido a su amplitud y al gran número de sub-municiones, hasta 300. Todas las organizaciones civiles, como Greenpeace, concertaron en mayo de 2008 un acuerdo donde se prohíbe el uso de bombas de racimo, realizado en Dublín por más de cien países, esperando lograr deponer la tendencia de países no firmantes, como Estados Unidos, para respetar la prohibición de esas armas explosivas. La «Convención sobre las bombas con submuniciones», dispone que cada Estado firmante «se comprometa a nunca emplear estas armas, bajo ninguna circunstancia».

En diciembre de 2008 un total de 107 países, entre ellos España, ratificó un tratado internacional que prohibía el uso, desarrollo, fabricación, adquisición y almacenamiento de bombas de racimo. Un mes después, el 6 de enero de 2009, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguraba que el Gobierno aprobaría "en pocos días" las nuevas Reales Ordenanzas —normas de conducta para las Fuerzas Armadas— que suponían, entre otras cosas, "la exclusión del uso de ciertas armas y tácticas que repugnan a la conciencia moderna", como las bombas de racimo. La Convención prohibiéndolas entró en vigor en agosto de 2010.

Casi dos años después, la organización Human Rights Watch (HRW). Derechos Humanos Watch- confirmaba lo que era de esperar: España y otros países que se habían comprometido a eliminar las bombas de racimo habían destruido ya un total de 176.000 artefactos. Pero según los medios, España se sumo no obstante a “la excepción que permitía conservar los artefactos de racimo que no excedieran las 20.000 minibombas con el fin de investigar y entrenar.”

La polémica se desató este mismo año, el 15 de abril. El periódico norteamericano The New York Times sacaba a la luz una información ("Qaddafi Troops Fire Cluster Bombs Into Civilian Areas") que denunciaba el uso masivo de bombas racimo por parte de las fuerzas del entonces presidente libio, Muamar Gadafi, contra la población civil libia. Según destapaba ese diario, las bombas de racimo descubiertas se correspondían a proyectiles de mortero MAT-120 fabricados en España en el año 2007. The New York Times apuntaba directamente a una empresa española: Instalaza S.A., de la que era consejero y posteriormente representante el recién nombrado ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

En el catálogo de productos que Instalaza anuncia en su página web, aún mantienen el MAT-120, aunque explican que se trata de "munición de racimo prohibida por decisión del Consejo de Ministros de España del 11 de julio de 2008 y la posterior firma del texto de la Convención de Oslo el 3 de diciembre de 2008". No obstante, minimizan la peligrosidad al artefacto: "La munición MAT-120 de Instalaza fue diseñada con el objetivo de anular el riesgo de explosión accidental, en caso de que alguna submunición no hubiese detonado al impactar con el terreno". Así de fácil. Debería añadir, ”rebajas para terroristas internacionales”

Defensa adjudica nuevos contratos ‘a dedo’ a la empresa de armas de la que Morenés fue consejero

"En cuanto Rajoy le nombró ministro de Defensa, Morenés comenzó a renegociar los contratos de armamento que él mismo puso en marcha en el año 96-97. El Ejército de Tierra  adjudicó dos contratos a Instalaza. Ambos superan los 3 millones de euros. Morenés es el hombre lobby", concluye Irene Lozano de Izquierda Plural, a quien también le llama la atención el hecho de que su segundo, Pedro Argüelles, secretario de Estado de Defensa, sea el cargo "más rico o uno de los más ricos del Gobierno".

Precisamente, al inicio de la legislatura, el propio Argüelles reconoció en una de sus comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso que estos programas especiales de armamento iban a necesitar de nuevo en 2014 una financiación adicional de más de 900 millones de euros que no estaba previsto en el presupuesto inicial del ministerio. Los grupos parlamentarios criticaron entonces con dureza esas “disfunciones” entre lo que se presupuesta y lo que luego se ejecuta.

La Izquierda Plural llegó a acusar al Gobierno de ocultar a la ciudadanía lo que realmente se gasta Defensa con el sector armamentístico. La misma Irene Lozano consideró los presupuestos presentados por Argüelles como un “ejercicio de cinismo” y una “tomadura de pelo” por ser absolutamente "ficticios.

El ministro de Defensa estuvo vinculado a esta empresa al menos hasta 2009. El departamento de Morenés ya ha adjudicado, en lo que va de legislatura, 16 millones de euros a Instalaza

A través del mando de apoyo logístico, el Ejército de Tierra, adjudicó dos contratos por tres millones de euros, por el procedimiento “negociado sin publicidad“, es decir, a dedo, a la empresa Instalaza SA. No es la primera vez en esta legislatura que el Ministerio de Defensa adjudica contratos a esta firma conocida por la fabricación de bombas racimo y a la que el ministro del departamento, Pedro Morenés, estuvo vinculado como consejero, al menos hasta marzo de 2009. Fue el 22 de diciembre de 2011 cuando juró como ministro.

El primero de estos contratos –las resoluciones de adjudicación han sido ya publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público– fue firmado en 2011. El montante total era de 1.001.032 euros y el concepto la “adquisición de municiones contracarro Alcotán-AT”.

Sólo seis días después,   se firmaba el segundo de los contratos. En este caso, el concepto fue la “adquisición de treinta y dos direcciones de tiro Vosel” y el precio, 2.060.136 euros.

El grueso de los contratos de Defensa ha sido adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad

Con estas dos últimas adjudicaciones, el departamento que dirige Morenés ha invertido en lo que va de legislatura 16 millones de euros de dinero público en esta empresa armamentística que tiene su sede en Zaragoza y a la que el titular de la cartera estuvo vinculado.”Sin publicidad” es una fórmula opaca que la ley se reserva para circunstancias puntuales. infoLibre ha intentado sin éxito que Defensa concretase los motivos por los que se escogió este procedimiento para estos dos últimos casos concretos.

Hasta la fecha, la adjudicación más cuantiosa del departamento de Morenés a Instalaza ha sido la publicada en el BOE del 13 de enero de 2011: 3.999.957 millones de euros para la adquisición de material sistema Alcotán, un sistema de lanzagranadas con alcance superior a los 500 metros.

Desde que Morenés aterrizó en este ministerio, fuentes de su departamento han insistido en que no existe ningún motivo ni incompatibilidad que impida que se suscriba contratos con Instalaza. Estos expedientes porque parten de órganos con capacidad plena de contratación, sin intervención del ministro..

La vinculación del ministro con el sector armamentístico no ha estado exenta de polémica desde su aterrizaje en el Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, esta cuestión fue uno de los ejes de la primera Comisión de Defensa en la que compareció en enero de 2012, un mes después de llegar a Defensa. Por estas fechas, los partidos de la oposición abrieron el debate sobre la idoneidad de que un hombre vinculado profesionalmente al sector del armamento hubiese tomado las riendas de Defensa.

Recientemente se ha descubierto que el Rey impuso a Rajoy que Pedro Morenés fuera el ministro de Defensa. Rajoy, como ya había anunciado, quería a Alberto Ruiz Gallardón para ese cargo. Todos los ministros de Defensa, fueran del PSOE o del PP, han conseguido el puesto gracias a Juan Carlos de Borbón (que ocupa un cargo militar de honor, no se olvide). Así sucedió, entre otros, con José Bono, Antonio Alonso e incluso Carme Chacó, que tiene lazos muy estrechos con la monarquía, especialmente con Felipe de Borbón.

Morenés siempre ha dicho siempre que su relación con Instalaza abarcó "del año 2005 a 2007". Constaba en el Registro Mercantil pero eso chocaba con el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), donde figuraba que había estado vinculado con Instalaza hasta el 4 de octubre de 2011.

En 2007 el fin de su relación con Instalaza. Pero su baja fue cubierta por una sociedad denominada Boguillas SL, una empresa que le tenía a él como socio y administrador único. Es algo como salir por la puerta de delante y entrar a manejar el chiringuito por la de atrás.