Trece años después de la tragedia del Yak-42, el Consejo de Estado ha dado la razón a los familiares de los 62 militares españoles que perecieron en el accidente en Turquía. El Ministerio de Defensa, del que Federico Trillo era titular entonces, tuvo responsabilidad directa en el siniestro.

Sin embargo, Trillo nunca llegó a sentarse en el banquillo de los acusados y pasó a ocupar, años después, el puesto de embajador de España en Reino Unido sin haber asumido ninguna responsabilidad política y sin tener la carrera de diplomático. Fue un retiro dorado después de una larga lista de afrentas a los familiares de las víctimas y a la ciudadanía española sobre todo, en la identificación de las víctimas en que se cometieron graves errores, y hasta se comprobó que incluso en uno de los ataúdes había tres piernas, algo rozando la ficción de una película de horror.

El propio presidente Aznar dio por buena toda la maniobra y aprobó a Trillo y a Defensa y antes de las solemnes ceremonias del funeral de los 62 militares, apareció en televisión diciendo que la culpa de las críticas sangrantes de la oposición política se debían a la cercanía de las elecciones. El gran culpable, como jefe del ministerio de Defensa, Federico Trillo añadió, por su parte, alabanzas a toda la operación de enterramiento de los militares, y añadió palabras emotivas sobre la repatriación de los restos mortales de las víctimas desde el lejano Afganistan.

En junio de 2003, apenas una semana después del accidente, Trillo aseguraba en su comparecencia en el Congreso de Diputados que la actuación del Ministerio, "según todos los informes técnicos, había sido esmerada y el Yak-42 era un buen avión". El ministro también dejó decir que el siniestro se debió a un "dramático error humano"(probablemente el cansancio de los pilotos), ya que la aeronave –insistió- había pasado una "completa revisión" tras una década de vuelo. Después se fueron conociendo las confidencias previas al accidente de algunos de los militares a amigos y familiares en las que expresaban su temor y aprensión por el mal estado de estos aviones.

Este detalle había sido denunciado también en el Congreso por el grupo socialista meses antes de la tragedia. La comisión internacional que investigó el accidente incluyó como posibles causas el cansancio de la tripulación, fallos al intentar el aterrizaje, pero tambien numerosas deficiencias en el avión Yak-42. La caja negra, "intacta" El Ministerio de Defensa informó triunfalmente que las cajas negras del avión "se encontraban intactas". Pero una semana después, Turquía afirmaba que ninguna de las cajas funcionaba y que no se pudieron grabar las conversaciones entre los pilotos.

Una vez que se conoció este dato, Trillo aseguró en un comunicado: "No es cierto que la avería del grabador que recoge las conversaciones en la cabina de la tripulación del avión impida conocer las causas del accidente". "La dedicación turca en la identificación de los cuerpos fue ejemplar". Los traslados e identificaciones [de las víctimas] se hicieron siguiendo los parámetros españoles [...] y las autoridades turcas se portaron muy bien", aseguró Trillo a la Cadena Ser en 2004.

Años después, tras la investigación derivada de una querella de los familiares, pruebas de ADN concluyeron que 30 víctimas se habían repatriado sin tan siquiera identificar, que se habían entregado a las familias y enterrado restos mortales mezclados y que el proceso de identificación fue irregular. Trillo negó "rotundamente" que varios militares fallecidos fueran enterrados sin identificar. La Audiencia Nacional condenó a un total de seis años a tres militares imputados por falsedad documental, pero dos de ellos fueron indultados con la llegada de Rajoy al gobierno.

Mucha gente se ha preguntado que hacían militares españoles en Afganistan, y al parecer muchos de ellos eran artificieros especializados en neutralizar y destruir minas antipersona y labores de policía. Pero nada de eso apareció en los medios por falta de información. Y seguramente también hubo víctimas mortales entre el contingente de militares españoles desplegados en Afganistan. O sea, que las víctimas pueden ser muchas más, aunque solo 62 llegaron a subir al avión Yak-42 para volver a casa.

Después de conocerse la sentencia, en 2009, Trillo compareció en rueda de prensa para valorarla. "Tengo que respetar la sentencia, pero no que compartirla", aseguró durante su intervención, después de una larga lista de justificaciones y defensa de su actuación y de la de sus colaboradores y de acusar a los medios de comunicación y a la oposición de realizar un "juicio paralelo" en el que se le condenaba. El Consejo de Estado volvió a quitarle la razón cuando ya Trillo estaba tranquilamente de embajador de España en Reino Unido. La Justicia se había politizado.

Hace 32 años y gracias a una ley orgánica que entregó a los partidos el control del Poder Judicial. Y hoy es la política la que se judicializa y más de cara a Cataluña y Euskadi. Trillo debería haberlo visto venir. A fin de cuentas, él forma parte de un partido que prometió cambiar la intromisión política en el órgano de gobierno de los jueces, tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo cumplió. El resultado es obvio: ya da lo mismo.

Ni con sentencia ni sin ella un político puede dar por zanjado un asunto. Lo manden a «Perejil», como diría Martínez-Maíllo, o a galeras. Yo no se puede saber quién es el responsable de las 62 muertes en el trágico accidente del Yak-42, del que se supo en España, gracias a reporteros internacionales. Pero sé que en mayo de 2012 los mismos periódicos que hoy publican el dictamen del Consejo de Estado sobre la responsabilidad de Trillo recogían otra noticia: «Archivada definitivamente la causa (judicial) sobre el accidente del Yak-42». Y la recogían porque la Justicia, un poder que debía gozar de independencia para evaluar las responsabilidades de los procesados, concluía en la Audiencia Nacional con el archivo de «la causa en la que se investigaban las presuntas irregularidades en las que se pudo incurrir al contratar el Yak-42 que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), costando la vida a 62 militares españoles». La noticia aclaraba: «Se rechazan todos los argumentos esgrimidos [...]”.

Muchos se preguntaron por qué el Consejo de Estado ha decidido ahora emitir un informe sobre una materia ya juzgada. Porque un órgano político, supremo órgano consultivo del Gobierno y cuyo principal cometido es «emitir dictámenes a petición de la autoridad consultante», ha decidido asegurar que, pese a lo sentado por la Justicia, el Estado es «patrimonialmente responsable» porque «pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría».

La Asociación de Víctimas del Yak 42 pidió a María Dolores de Cospedal cuando fue nombrada ministra de Defensa, que asumiera que las cosas se hicieron mal en el pasado en relación con el accidente aéreo que costó la vida a 62 militares españoles -además de los 13 tripulantes del aparato- y que ayudara a reabrir la investigación del caso en sede judicial, para que se puedan depurar todas las responsabilidades. 75 seres humanos sacrificados en el altar de la imprevisión, por decir lo menos. La semana anterior a la comparecencia de Cospedal para explicar el trágico accidente del Yak-42, todavía el PP insistía en boca de Rajoy que “el asunto está cerrado… y ocurrió hace mucho tiempo. No tengo nada que añadir.

Y el ministro de Justicia le quitaba actualidad al tema del Yak-42 insistiendo en que no hubo anomalías en el caso. Tal y como se esperaba, en su primera Pascua militar como ministra de Defensa 2017, María Dolores de Cospedal no se salió del guión institucional de la conmemoración y evitó cualquier mención directa al ex-ministro Federico Trillo y al polémico informe del Yak-42, todo lo cual los familiares de las víctimas consideraron una mala señal. Aunque algunos opinan que se refirió indirectamente cuando expresó el compromiso del Gobierno con la "seguridad personal" de los militares. Como en cada cita el 6 enero, tradicional primer acto castrense de arranque de ejercicio que sirve para hacer balance y enunciar objetivos, Cospedal recordó a aquellos 62 militares y guardias civiles que durante el año 2003 fallecieron en acto de servicio, "entregando con ello lo más preciado, su vida, por la defensa y la seguridad de los españoles".

La intervención posterior de la ministra de Defensa Cospedal ha dado a los familiares de las víctimas una esperanza. Ahora todo está en veremos

Tras la ministra tomó la palabra Felipe VI, alabando el trabajo de las Fuerzas Armadas, a quienes reconoció "haber logrado las capacidades necesarias (...) a pesar de las dificultades" y de las apreturas presupuestarias. "No podemos dejarnos rebasar por los nuevos escenarios y desafíos actuales (...) como el terrorismo", insistió. Tampoco tocó el tema del Yak-42 ni hizo mención de los muertos. Solo la incansable acción de las familias de las víctimas en torno a sus deudos y amigos consiguió que los medios volvieran a interesarse y se pidió a pesar de todo la comparecencia de la ministra de Defensa.

La pelota estaba en el tejado de Cospedal, y no todos esperaban que diera una satisfacción a los familiares de las víctimas. Contra todo pronóstico, la ministra de Defensa ha conseguido lo que parecía imposible para un dirigente del Partido Popular de su trayectoria: reunirse con las familias de los fallecidos en el accidente del Yakovlev-42 y tranquilizar sus ánimos tras 14 años de puertas cerradas y sin respuestas oficiales.

Para ello, María Dolores de Cospedal ha hecho dos cosas: reconocer que Federico Trillo lo hizo mal y prometer una investigación para encontrar los contratos que nunca fueron aportados a ninguna de las tres causas judiciales abiertas en su día en relación con el accidente. Federico Trillo que ya está próximo a dejar su carrera diplomática y reside en Alicante se ha visto asediado por los periodistas, pero ha declarado que él personalmente ya no tiene nada que ver, y que es cuestión de la justicia.

El capítulo de la investigación que Cospedal prometió iniciar "por tierra, mar y aire", según sus propias palabras, nace con poca convicción de éxito. Durante la hora y media de reunión con las familias, la ministra aseguró: "Si los otros (ministros) no encontraron nada (refiriéndose a José Bono y Pedro Morenés)… yo no les puedo garantizar que vaya a encontrar algo. Los voy a buscar como supongo los buscaron los otros. Quiero creer en la buena intención de mis predecesores".

Mientras la ministra de Defensa se citaba con los familiares de las víctimas, el exministro José Bono hablaba del accidente en las páginas del diario ‘El País’. En esa entrevista, Bono aseguró poseer pruebas no conocidas hasta la fecha que demostrarían que el Gobierno estaba aplicando un criterio de ahorro extremo en el transporte de tropas, como consecuencia de los gastos asumidos por el accidente del Prestige y durante la guerra de Irak. "Si alguien niega estos hechos, mostraré el documento", prometió el exministro. ¿Se llevó alguien 110.00 euros? Es la primera gran pregunta abierta tras las revelaciones que en su día realizó el exministro de Defensa, José Bono.

El veterano socialista envió a un comandante a Kiev (Ucrania) para obtener el contrato del vuelo en la sede central de UM Air, la compañía que había operado el viaje. El encargo se cumplió solo a medias. El enviado volvió a España tan solo con la primera y la última página del documento. De aquellas dos hojas, Bono sacó la conclusión de que el Gobierno había pagado mucho más de lo que la compañía había cobrado por fletar el aparato: 110.000 euros se habían perdido en el camino. En este sentido, las familias insisten en la necesidad de que se investigue judicialmente lo que "se tenía que haber investigado con anterioridad". Creen que es "fácil" porque sostienen que Defensa "tiene que tener en su poder, en el Ministerio, el contrato del avión Yak 42" y también "los 42 contratos de vuelos anteriores, en los que hubo quejas, que llevaban también aviones rusos y a los que se había llegado por subcontratos". Y el precio pagado no era global sino que se pagaba avión por avión. La extraña desaparición de unos contratos, ha obligado a los familiares a moverse.

Así, Curra Ripollés hermana de uno de los fallecidos, recalca que "en cuanto se sepa el dinero que destinó el Gobierno de España y el que finalmente se pagó por esos vuelos, se averigüe el número de cuenta y a nombre de quién estaba ese número de cuenta es muy fácil la investigación". Sin embargo, lamenta que todos los ministros que ha habido desde que ocurrió el accidente les han dicho que "esos 42 contratos incluido el del Yak-- 42 no existen, que no los tiene el Ministerio de Defensa". Por este motivo sólo disponen de parte del contrato del Yak 42, la que fue encontrada por el exministro José Bono quien, recuerda, "acompañado por la guardia civil obligó a algunos oficiales a abrir cajas fuertes en el Ministerio de Defensa porque no las querían abrir".

Curra Ripollés sostiene que esos contratos "tienen que existir" porque, según argumenta, "en un Estado de Derecho como el que tenemos, en el siglo XXI" no pueden desaparecer "42 contratos de vuelos internacionales en misiones de paz". "¿Alguien duda de que esos contratos no tengan que estar en algún lado?", se pregunta. Curra Ripollés explica que la Asociación asumirá lo que se descubra en la investigación que piden, siendo conscientes de que les puede o no dar la razón. También descarta pedir indemnizaciones o "trofeos políticos". Y recalca que ese es el "único objetivo: que se reabra la investigación"."Lo que necesitamos es que en sede judicial alguien se decida a investigar qué pasó con la contratación del Yak 42, quiénes intervinieron en la misma y quién no hizo bien su trabajo y permitió que un avión como el Yak 42, que ya tenía sus cajas negras rotas y estaba en mal estado, pudiera volar desde Afganistán.

A nivel internacional era completamente ilegal que se hiciera esos vuelos, que se consintiera siquiera que ese avión despegara y recogiera a 62 militares y que finalmente murieran porque el avión no reunía condiciones", recalca Curra Ripollés. Recuerda también que la tripulación tampoco estaba autorizada a manejar este avión en ese tipo de misiones e insiste en que "tiene que haber un responsable en esta cadena de contrataciones" porque para llegar al Yak 42 se produjeron 7 subcontratas. La representante de las víctimas quiere saber quién intervino, quién fué responsable y por qué en "toda esta cadena" y quien tenía la responsabilidad de vigilar la seguridad de los aviones en los que viajaban los militares.

"¿Era esa una costumbre del Ministerio de Defensa?, ¿era algo que se hacía con normalidad y no se vigilaba la seguridad de nuestros militares que además viajaban sin seguro?", son preguntas de las que la Asociación quiere saber la respuesta. La Administración socialista no llegó mucho más allá y nadie explicó nunca los motivos por los que Defensa no conservó una copia de aquel contrato. Cospedal será ahora la encargada de seguir tirando de ese hilo.

Los 42 contratos perdidos Las familias de los fallecidos llevan más de una década reclamando los 42 contratos anteriores al del Yakovlev siniestrado. Según Curra Ripollés, hermana de uno de los fallecidos, "Defensa llevaba mucho tiempo transportando a los soldados en precario y cualquiera de los contratos anteriores valdría para demostrarlo. Han desaparecido todos". NAMSA era la agencia de logística de la OTAN en la que se apoyó el Ministerio de Defensa para contratar el vuelo que acabaría estrellándose en las inmediaciones del aeropuerto turco de Trebisonda. En sus oficinas tiene Cospedal su primer escenario de investigación. La cadena de subcontratas que acabó con 62 militares españoles a bordo de un avión propiedad de una compañía ucraniana empezó en NAMSA. "Si Bono pidió información a NAMSA, nunca nos lo dijo", afirma Ripollés en conversación telefónica con eldiario.es. La ministra de Defensa parece decidida a tocar todas esas puertas.

A las familias les ha prometido: "Buscaré dentro y fuera de España". Mucha gente lo duda, vista la manipulación anterior del caso por parte del PP y sus instancias superiores más partidarias del olvido. Cospedal se encuentra ahora entre la espada y el PP. La tarea prometida por Cospedal podría tener como resultado el primer reconocimiento oficial por parte de Defensa de la pérdida de los contratos. Los familiares han quedado con la ministra en volver a reunirse para conocer el resultado de sus averiguaciones. Defensa nunca ha reconocido la pérdida de los contratos en un documento oficial. Si los contratos no aparecen, la ministra se verá obligada a reconocerlo por primera vez ante unos familiares ignorados por los tribunales en multitud de ocasiones. El juez Grande Marlaska decidió en 2012 el "sobreseimiento libre" de la cúpula militar de la época de Trillo.

La decisión, adoptada contra el criterio de la Fiscalía, supuso el archivo de la causa en relación a la contratación del vuelo. Varios años después (2016), Marlaska visitó Zaragoza para presentar su biografía, “Ni pena ni miedo”. Muchos de los fallecidos en el vuelo procedían de la capital aragonesa. Quizá por ello, los titulares de aquel día destacaron la frase del magistrado sobre el proceso que envió al cajón: "Con el Yak-42 tengo la conciencia tranquila". Resulta difícil aventurar si las investigaciones prometidas por Cospedal podrán tener como consecuencia la apertura de una nueva causa. La legislación española señala que aquello que ya se ha juzgado, no puede juzgarse de nuevo. Sin embargo, la aparición de nuevas pruebas forzaría, según fuentes jurídicas, un nuevo proceso si en él se señalasen a nuevos responsables que no han sido juzgados. Federico Trillo, cuyo proyecto es entrar como miembro del Consejo de Estado, nunca llegó a ser imputado y, por tanto, podría ser juzgado si algún elemento nuevo indicase con claridad su responsabilidad en la catástrofe. Todos lo aplaudirían.