El gobierno de Guatemala inició el segundo cuatrimestre del año con un drástico plan de reducción del gasto, ante la fuerte caída en sus ingresos fiscales debido a la crisis financiera internacional. La administración del presidente Alvaro Colom (2008-2012) busca compensar así la baja en la recaudación, estimada -según los escenarios más pesimistas- en siete mil millones de quetzales (unos 875 millones de dólares) para finales de año. El plan de austeridad, que se aplica hasta agosto próximo, establece un tope de 13 mil 363 millones de quetzales (mil 670 millones de dólares) para el gasto en ministerios y dependencias, a fin de enfrentar la caída en los ingresos fiscales. Las autoridades aclararon que dependencias estratégicas como los ministerios de Salud, Gobernación (seguridad pública) y Educación podrán contratar personal, pero permanecerán congeladas las plazas vacantes en el resto de la administración. Según el plan, será prioritario el pago de los sueldos de los servidores públicos, pero se deberá reducir al máximo el gasto en adquisición de edificios, arrendamientos, equipo de oficina, transporte y comunicaciones. Además, ordena disminuir gastos relacionados con los servicios que no se consideran imprescindibles, incluidos telefonía, viáticos, viajes al exterior, alimentos, papel de escritorio, material de oficina y combustible. El Ministerio de Finanzas Públicas se encargará de la vigilancia de la calidad del gasto y tendrá facultades para denegar cualquier modificación presupuestaria solicitada por las instituciones públicas. El gobierno justificó las medidas de austeridad en el hecho de que, debido a la crisis económica mundial, los ingresos fiscales serán inferiores a los previstos cuando se aprobó en noviembre pasado el presupuesto general de la nación para 2009. Los ingresos fiscales, las exportaciones y las remesas de dólares son los rubros que han registrado los efectos más severos de la crisis económica global, advirtió el presidente Colom. Además del ajuste, el Ministerio de Finanzas gestiona la aprobación en el Congreso Nacional de una emisión de bonos del Tesoro por 225 millones de dólares y de un crédito de 150 millones de dólares con el Banco Mundial.