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Xolache en el IPAB

07/10/2009 02:43 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Domingo 26 de febrero de 2006 Afectadas, 900 familias de unidad habitacional, que podrían perder sus viviendas Ex titular de la CNBV dio información privilegiada del IPAB a fraccionadores

Eduardo Fernández, señalado de ayudar a familiares cuando dirigió la CNBV Foto La Jornada

En los límites del Distrito Federal y el estado de México, 900 familias que viven en la Unidad Habitacional Ex Hacienda Xolache se encuentran en la disyuntiva de perder sus hogares o aceptar la imposición de una empresa inmobiliaria que quebró y llevó sus deudas al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) para posteriormente "revivir" y beneficiarse con la compra de la misma cartera que cargó al erario por un monto 27 millones 85 mil pesos, y con lo cual ahora pretende ganar casi 450 millones.

Con este caso, señalan algunos afectados, se comprueba nuevamente que desde el IPAB se beneficia a unos cuantos y se perjudica a la mayoría de familias pobres que han venido pagando sus hipotecas, y de pronto se enfrentan con la probable pérdida de sus propiedades.

Eduardo Fernández García, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) -sometido a proceso penal-, "se sirvió de la información confidencial que obtuvo del IPAB para transmitírsela a sus primos Isabel Fernández Arias y Eduardo Fernández Villegas, representantes legales de la inmobiliaria Guadalupe y de la comercializadora Automotores Reforma", empresas beneficiarias con la compra de cartera vencida a precio de regalo por parte del instituto, sostuvo Gerardo Delgado, uno de los jefes de familia afectados por la operación de compra de cartera, y quien está a punto de perder su patrimonio, porque pretenden cobrarle 490 mil pesos por su casa construida en un terreno de 60 metros cuadrados.

Documentos del IPAB -cuya copia tiene este diario- revelan que efectivamente las 900 casas y lotes que integran la Ex Hacienda Xolache fueron vendidos a una empresa denominada NPL Inversiones SA, misma que posteriormente opera como Inmobiliaria Guadalupe y Automotores Reforma.

El fraccionamiento se vendió a partir de 1994 bajo el esquema de autofinanciamiento, y el monto por cada una de las casas en promedio se tasó en 300 mil pesos, con un interés que se ajustaba de acuerdo con el Indice de Precios al Consumidor (IPC). Tres años después, la Procuraduría Federal de Consumidor atendió una denuncia de las familias que habitan en aquel sitio, porque gran cantidad de las viviendas que se adjudicaban mediante el pago de un enganche no se entregaban sino hasta un año después, en muchos de los casos se otorgaban a discreción.

La multa contra la comercializadora Automotores Reforma apenas alcanzó un monto de 40 mil pesos. Cuatro años después, en 2001, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Fraccionadores del Estado de México, se incautó de la unidad habitacional porque la inmobiliaria no cumplió con algunos compromisos asumidos en los contratos y planos de construcción. Con esa medida, la comercializadora Automotores Reforma desapareció y los habitantes dejaron de pagar las mensualidades de sus casas porque simplemente no había instancia que les cobrara.

Tras el citado decomiso, Bancrecer asumió la deuda de Inmobiliaria Guadalupe y de Automotores Reforma. El banco tomó la deuda como pasivo por ser cartera incobrable, y lo envió a la cartera vencida del IPAB.

Desde entonces, aún persiste la incautación por parte de la citada fiscalía del estado de México, y a la par, la Secretaría de Desarrollo Urbano de esa entidad "ha comenzado a regularizar el fraccionamiento en favor de la Inmobiliaria Guadalupe", informó a este diario el señor Carlos Mateos, otro de los afectados.

En medio de esta operación que afecta a cientos de familias, el 15 de junio de 2004 se llevó a cabo un proceso de licitación pública para adquirir siete paquetes de créditos comerciales, factoraje, promotores de vivienda, acciones y valores otorgados por Bancrecer, actualmente Banco Mercantil del Norte, institución de banca múltiple o mejor conocida como Grupo Financiero Banorte.

Aquel hecho lo detalla el propio documento que el IPAB, por conducto de la unidad de enlace, envió a los colonos del fraccionamiento el pasado noviembre:

"En virtud de dicho proceso de licitación pública, NPL Inversiones, SA de CV, resultó el participante ganador de uno de los siete paquetes de crédito referidos en el párrafo que antecede, al presentar la postura más alta por ese paquete de créditos por la cantidad de 27 millones 85 mil pesos. Por tanto, NPL Inversiones, en su carácter de cesionario, es ahora quien tiene la facultad de llevar a cabo la recuperación y cobranza de dichos créditos y realizar las negociaciones de las deudas con los acreditados originales, por ser ahora el titular de los créditos y derechos de cobro derivados de los mismos."

Una vez que se concretó la compra de esa cartera la empresa NPL, por conducto de Automotores Reforma, que había desaparecido, o por lo menos dejado de actuar como comercializadora de la unidad Ex Hacienda Xolache, pretende cobrar ahora 490 mil pesos por cada una de las casas de esa colonia.

"Nosotros ya hemos pagado más de los 300 mil pesos que costaba nuestra casa. Ahora nos dicen que nos cobrarán 490 mil pesos más, y con eso no estamos de acuerdo; no nos quieren reconocer los pagos anteriores; no lo vamos permitir, porque nosotros ya erogamos la parte principal", advierte el matrimonio integrado por Martha Elba Romero y Braulio Carvajal.

En el centro de toda esta trama -dicen los habitantes del fraccionamiento que denunciaron esta maniobra- se encuentran Isabel Fernández Arias, quien es la representante o apoderada legal de la Inmobiliaria Guadalupe, y Eduardo Fernández Villegas, representante legal de Automotores Reforma.

La inmobiliaria que se encargó del proyecto y la comercializadora que dejó de cobrar hasta 1997 dejaron de tener contacto en ese año con los compradores.

Tanto Isabel Fernández Arias como Eduardo Fernández Villegas "son primos de Eduardo Fernández García, ex presidente de la CNBV. Y este hombre fue el que les dio a sus primos la información privilegiada del IPAB, para que NPL adquiriera la cartera vencida de la unidad habitacional", aseguró el señor Gerardo Delgado.

Este hecho propició que los habitantes del conjunto habitacional afectados presentaran una denuncia, en 2005, en la Fiscalía por Fraudes Inmobiliarios del Estado de México contra Isabel y Eduardo Fernández. A la fecha, insisten Gerardo Delgado, Marta Elba Romero, Braulio Carvajal y Carlos Mateos, no se ha procedido contra ellos.

En una reunión reciente con Isabel Fernández, relataron a este diario los afectados, "nos dijo: 'el precio de 490 mil pesos no es negociable y háganle como quieran, tengo la suficiente relación con el procurador -ahora ex procurador- Alfonso Navarrete Prida; tengo dinero, asesoría jurídica y todo el tiempo del mundo'".

Ante tal postura, los cuatro denunciantes aseguran a este diario que a pesar de que en promedio han erogado 150 mil pesos por sus casas, "nosotros queremos pagar, tener certeza jurídica, pero sobre todo impedir que se siga con esta impunidad".


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Autor:
Lavozdetexcoco (20 noticias)
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Nota de prensa
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